La defensa de Nubia Vera, jueza de Pichincha, ha solicitado oficialmente a la Fiscalía que convoque al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, para que rinda su versión sobre las denuncias de supuestas presiones y amenazas que la jueza presentó en diciembre de 2024. Vera denunció haber sido intimidada y presionada para dictar una resolución en contra de la acción de protección interpuesta por la vicepresidenta Verónica Abad.
Esta denuncia llevó a la Fiscalía a abrir, de oficio, una investigación para esclarecer los hechos, en la que se han incluido a varios funcionarios del CJ. Entre los señalados figuran Mario Godoy, el director provincial del CJ en Pichincha, Henry Gaibor, y el asesor de Godoy, Jorge Carrillo. Según Vera, los funcionarios la amenazaron con destituirla si no fallaba a favor de los intereses políticos de la vicepresidenta y le entregaron un dispositivo electrónico que contenía la resolución que debía seguir.
La denuncia de Vera sostiene que la presión sobre su juicio judicial no solo atenta contra su independencia como jueza, sino que también constituye un acto de corrupción y abuso de poder por parte de los altos funcionarios del CJ. La situación ha generado un fuerte debate sobre la integridad del sistema judicial ecuatoriano, particularmente en lo relacionado con los intentos de manipulación de fallos judiciales en casos de relevancia política.
El 23 de diciembre, al conocerse las acusaciones de Vera, la Fiscalía inició la investigación para determinar la veracidad de las denuncias y esclarecer si existió alguna conducta ilegal o irregular por parte de los funcionarios involucrados. En este contexto, la defensa de Vera ha insistido en que se convoque a Mario Godoy para que aclare su implicación en el caso, dada su posición de autoridad dentro del CJ.
Vera asegura que la presión ejercida sobre ella fue tal que le generó temor por su puesto de trabajo y su seguridad, por lo que decidió denunciar públicamente los hechos. Según su testimonio, la amenaza de destitución fue un intento claro de doblegar su juicio en favor de intereses políticos específicos. Además, la jueza ha señalado que el dispositivo electrónico con la resolución impuesta representó un intento de obstrucción de la justicia y una clara violación a la independencia judicial.
Hasta el momento, Mario Godoy ha negado cualquier involucramiento en las presiones hacia Vera, defendiendo su integridad y asegurando que el CJ actuó dentro del marco de la ley. Sin embargo, la denuncia ha abierto una serie de interrogantes sobre la actuación del CJ en procesos judiciales que podrían tener repercusiones políticas significativas. La solicitud de la defensa de Vera de convocar a Godoy tiene como objetivo esclarecer las responsabilidades de los implicados y asegurar que se haga justicia en el caso.
La Fiscalía, por su parte, sigue evaluando las pruebas y testimonios presentados para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen la continuación de la investigación por corrupción o manipulación de los fallos judiciales. En tanto, la comunidad judicial y política se mantiene atenta a los avances en este caso, que podría tener un impacto importante en la confianza pública en el sistema judicial ecuatoriano.
