La audiencia de formulación de cargos en el caso conocido como Triple A, que involucra presuntas irregularidades en la distribución de combustibles y que vincula al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y su entorno, no se pudo instalar nuevamente este 6 de noviembre. La razón fue un problema de salud del juez que preside la causa, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE) en su cuenta de X (antes Twitter). Esta es la segunda ocasión en que la diligencia es postergada. La primera suspensión ocurrió el 14 de octubre debido a un cambio de abogados de una de las partes.
El caso Triple A surgió tras una denuncia presentada por el gobierno de Daniel Noboa. La acusación fue interpuesta por el director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Franklin Erreyes Tocto, e involucra a Aquiles Álvarez, sus tres hermanos, una empresa familiar y otras seis personas naturales y jurídicas. La denuncia detalla que estos individuos y empresas habrían participado en la distribución ilegal de combustibles, lo cual habría generado pérdidas para el Estado de aproximadamente $94 millones.
Entre las entidades señaladas en la denuncia destaca la compañía Copedesa, en la que Álvarez es accionista. Además, figuran los nombres de sus hermanos, Xavier y Antonio Álvarez, este último conocido por su rol como presidente del club deportivo Barcelona SC. Según la acusación, varias empresas involucradas habrían comprado combustible en cantidades inusualmente elevadas, presuntamente con el objetivo de revenderlo de manera ilegal.
Como parte de las investigaciones, la Fiscalía del Guayas ejecutó, el pasado 23 de julio, allanamientos en las ciudades de Milagro y Guayaquil, para recolectar pruebas en torno al presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado y comercialización ilegal de productos derivados de hidrocarburos. La investigación se mantiene en curso bajo la denominación de «Caso Triple A».
La FGE señaló en su publicación que “debido a un problema de salud del juez de la causa, no se instala –por segunda ocasión– la audiencia de formulación de cargos por presunto delito de almacenamiento, transporte, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos». Aún no se ha anunciado una nueva fecha para la audiencia, mientras la expectativa crece sobre el desenlace de este caso que involucra a figuras destacadas del ámbito empresarial y político de Ecuador.
