La defensa de Aquiles Alvarez solicitó la designación de un fiscal alterno para la audiencia de apelación a la prisión preventiva dentro del denominado Caso Goleada. La diligencia fue fijada para este jueves 5 de marzo a las 14:00, luego de que una primera convocatoria no pudiera instalarse.
En el proceso judicial están involucradas once personas, investigadas por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Según la Fiscalía, el caso gira en torno a un supuesto entramado societario complejo vinculado con la comercialización de combustible.
La audiencia será sustanciada por el primer tribunal de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción, integrado por los jueces Silvana Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez Avilés. En esta instancia se analizará el recurso de apelación interpuesto contra la medida cautelar de prisión preventiva.
De acuerdo con la convocatoria judicial, César Bravo, Aquiles Alvarez, Xavier Alvarez, Antonio Alvarez y Fernando Peñaherrera presentaron el recurso en contra de la decisión adoptada por el juez Jairo García, de la Unidad de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, quien ordenó su prisión preventiva.
Esta será la segunda convocatoria para tratar el tema. El pasado lunes 2 de marzo la audiencia no se instaló debido a la inasistencia del fiscal Dennis Villavicencio. Posteriormente, el funcionario remitió un oficio en el que justificó su ausencia por un viaje oficial al exterior, adjuntando documentos de respaldo.
Ante ese antecedente, Ramiro García, abogado defensor de Alvarez, pidió que se oficie a la Fiscalía General del Estado para que, en caso de no comparecer el fiscal titular, se designe un funcionario alterno que garantice la realización de la audiencia y evite nuevas dilaciones en el proceso.
En paralelo, los jueces declararon en abandono el recurso de apelación presentado por la Fiscalía respecto a otros procesados que recibieron medidas cautelares alternativas, como presentaciones periódicas y prohibición de salida del país, mientras que uno de ellos cumple arresto domiciliario. Villavicencio solicitó que se revoque dicha declaratoria y que se considere justificada su inasistencia, lo que añade un nuevo capítulo a un caso que sigue bajo el escrutinio público.
