El presidente Daniel Noboa presentó a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley de carácter económico urgente, que busca fomentar la inversión privada en áreas protegidas del país mediante el desarrollo de proyectos turísticos. Esta iniciativa, denominada Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, es la tercera propuesta económica urgente enviada al Legislativo durante su actual gobierno.
El proyecto consta de cinco artículos y una disposición general, y fue remitido para su trámite el sábado 14 de junio de 2025. Según el Ejecutivo, existe un déficit presupuestario de 726 millones de dólares, situación que está generando un serio desequilibrio en las finanzas públicas. La intención es mitigar este desequilibrio y al mismo tiempo impulsar el desarrollo local mediante alianzas público-privadas que permitan reactivar y proteger las zonas naturales del país.
Desde la declaración del conflicto armado interno, ocurrida el 9 de enero de 2024, el enfoque gubernamental ha estado centrado en combatir la delincuencia y los grupos criminales. Sin embargo, esta emergencia ha desviado recursos vitales para la conservación de las áreas protegidas, generando un vacío que el crimen organizado ha explotado para financiarse con actividades ilegales. Entre estas se destacan la minería y pesca ilícitas, la caza furtiva, el tráfico de especies exóticas y la tala indiscriminada de bosques.
La nueva ley busca revertir esta situación, estableciendo mecanismos que faciliten la participación del sector privado en la gestión y desarrollo turístico sostenible en estos territorios. De esta forma, el gobierno pretende no solo preservar el patrimonio natural, sino también generar empleo y promover el crecimiento económico local.
Además, esta propuesta legislativa refleja la intención del presidente Noboa de fortalecer el marco jurídico para proteger los recursos naturales, al tiempo que impulsa una economía más diversificada y sostenible. El proyecto ha generado expectativas entre expertos en economía y medio ambiente, quienes señalan que la inversión privada bien regulada podría ser un catalizador para la recuperación y el desarrollo de estas zonas vulnerables.
El Ejecutivo también subraya la urgencia de contar con esta ley para evitar que las actividades ilícitas continúen deteriorando los ecosistemas y afectando la seguridad y el bienestar de las comunidades locales. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el impacto negativo del crimen organizado en las áreas protegidas afecta la biodiversidad y la estabilidad económica de la región.
En resumen, la Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local busca cerrar la brecha financiera, proteger el medio ambiente y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo turístico, con la finalidad de que las áreas protegidas sean un motor de crecimiento sostenible para Ecuador.
