El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó este sábado 29 de marzo el Decreto Ejecutivo 588, mediante el cual designó a Cynthia Natalie Gellibert Mora como nueva vicepresidenta de la República. Gellibert, economista de formación, ocupaba hasta ahora el cargo de secretaria general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República. Su nombramiento responde a la ausencia temporal de la vicepresidenta Verónica Abad, quien enfrenta la suspensión de sus derechos políticos por un fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
La designación de Gellibert será válida durante el período en el que Abad esté impedida de ejercer funciones públicas, tras la sentencia que la inhabilita por dos años debido a una condena por violencia política de género. Abad había presentado un recurso de aclaración y ampliación, el cual fue rechazado por el TCE en la noche del 28 de marzo, ratificando la condena.
Detalles sobre la suspensión de derechos políticos de Verónica Abad
El Tribunal Contencioso Electoral emitió su decisión final tras un recurso interpuesto por Abad, ratificando su responsabilidad en la violencia política de género, que constituye una infracción electoral grave según el Código de la Democracia. Como parte de la sanción, Abad deberá pagar una multa de 30 salarios básicos (aproximadamente 14,000 dólares) y ofrecer una disculpa pública a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, quien fue la denunciante.
El TCE también resolvió que Abad será suspendida de sus derechos políticos por un período de dos años, lo que implica que no podrá ejercer cargos públicos ni votar en las próximas elecciones, como las de la segunda vuelta programada para el 13 de abril. Además, Abad está actualmente en Turquía, donde cumplía funciones delegadas por Noboa desde el 17 de marzo.
El TCE explicó que la suspensión de derechos políticos no afecta otros derechos constitucionales de Abad, pero la decisión generó controversia. Los jueces Ivonne Coloma, Ángel Torres y Joaquín Viteri votaron a favor de la resolución, mientras que Richard González y Fernando Muñoz presentaron un voto en contra, argumentando que la sanción equivale a una remoción indirecta de Abad del cargo de vicepresidenta.
Verónica Abad denuncia un ‘golpe de Estado judicial’
En respuesta a la decisión del TCE, Verónica Abad denunció lo que calificó como un «golpe de Estado judicial». A través de un mensaje en la red social X, dirigido a varias instituciones internacionales y nacionales, Abad afirmó que su destitución solo puede ser decidida a través de un juicio político en la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución ecuatoriana.
Abad destacó el voto salvado del juez Fernando Muñoz, quien advirtió que la sentencia podría interpretarse como una remoción indirecta del cargo de vicepresidenta. Según Muñoz, la suspensión de derechos políticos de Abad tiene efectos materiales que, en la práctica, impiden que la funcionaria continúe en su cargo sin una destitución formal. Abad insistió en que los procedimientos constitucionales no contemplan la suspensión de derechos políticos como una causa para destituir a un funcionario electo como vicepresidente.
La situación actual de Verónica Abad y su futuro político
La controversia sobre la sanción a Verónica Abad no termina con el fallo del TCE. La vicepresidenta suspendida está luchando por su permanencia en el cargo y apelando a su derecho a un juicio político ante la Asamblea Nacional, órgano que según la Constitución tiene la autoridad para decidir sobre su destitución. Abad ha criticado fuertemente la interpretación del TCE, que considera como una forma de «remoción indirecta» de su cargo, y ha expresado su compromiso en defender sus derechos a través de todos los medios legales posibles.
Mientras tanto, el gobierno de Noboa sigue adelante con la designación de Cynthia Gellibert, quien asumirá el cargo de vicepresidenta en medio de la incertidumbre política. Gellibert, quien ha sido una funcionaria clave en el gabinete de Noboa, se enfrenta ahora al desafío de asumir la alta responsabilidad del cargo en un contexto de tensión política y judicial.
