La reciente reprogramación de los cortes de energía en Ecuador ha desatado la preocupación del sector productivo, que estima pérdidas diarias de aproximadamente $25 millones. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), María Paz Jervis, expresó su rechazo ante la falta de información y las inconsistencias en la comunicación del Gobierno nacional respecto a la actual crisis energética.
El Ministerio de Energía y Minas había anunciado que los cortes se realizarían desde el lunes 23 hasta el jueves 26 de septiembre, con interrupciones programadas de 22:00 a 06:00. Sin embargo, el sábado 21 de septiembre se comunicó que habría cortes en varias provincias el domingo 22. Luego, cerca de la medianoche de ese mismo día, se presentó un nuevo cronograma que incluía cortes de hasta doce horas en los días siguientes, hasta el 29 de septiembre.
Jervis indicó que, debido a estos cortes, algunas ciudades enfrentarán apagones de hasta once horas, lo que no solo perjudica a la industria, sino que también impacta económicamente a las familias ecuatorianas. “Esto representa pérdidas de alrededor de $25 millones cada día, además de generar un impacto adicional en los hogares”, afirmó.
La situación actual se debe, según Jervis, a un régimen eléctrico “absolutamente estatista”, una herencia de la Constitución de Montecristi, que limita la participación del sector privado y restringe la autogeneración de energía. La presidenta de la CIP recordó que en varias ocasiones se ha alertado sobre este problema, pero que en enero pasado, todas las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional ratificaron este modelo al aprobar la denominada “ley no más apagones”.
Además, Jervis criticó la falta de diálogo entre el Gobierno y el sector productivo. “Es fundamental que se establezcan conversaciones efectivas para tomar decisiones informadas y transparentes”, enfatizó. Según ella, el sector productivo no solo es el mayor consumidor de electricidad, sino que también genera la mayoría de los empleos formales en el país, ya que nueve de cada diez puestos de trabajo dependen de las industrias y empresas.
Finalmente, la presidenta de la CIP instó al Gobierno a asumir su responsabilidad en esta crisis. “El estiaje y la estructura del régimen nos han llevado a esta situación, pero era posible tomar decisiones con mayor transparencia y oportunidad. Tenemos derecho a conocer la verdadera magnitud de esta crisis”, concluyó Jervis.
