Ecuador enfrenta una severa crisis energética marcada por apagones que comenzaron el 23 de septiembre, con un déficit actual de 1.080 megavatios (MW). Ante esta situación, se han propuesto diversas soluciones, incluyendo la apertura a la inversión privada en sectores clave. Según expertos, la privatización ha generado resultados positivos en ciertos servicios públicos, sugiriendo que este modelo podría ser una vía para mejorar la eficiencia en el sector eléctrico.
Nicolás Romero Sangster, exgerente del Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel) entre 1972 y 1975, planteó la pregunta sobre cuáles son los servicios públicos más eficientes en Ecuador. Su respuesta destaca a los aeropuertos de Quito y Guayaquil, que funcionan bajo concesiones privadas, y el servicio de telefonía móvil, que es operado por empresas como Movistar y Claro. Romero señaló que, a pesar de la drástica reducción en el uso de teléfonos convencionales, la empresa estatal de telecomunicaciones mantiene un número inflado de empleados, producto de la burocracia que ha crecido bajo diferentes gobiernos.
Según datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en 2023, el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Conecel, Claro) cuenta con 3.049 trabajadores, mientras que Otecel (Movistar) emplea a 956. En contraposición, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) tiene 5.829 empleados, lo que evidencia una desproporción en la gestión del personal entre el sector estatal y el privado.
Las empresas estatales, como CNT, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), y Petroecuador, han sido objeto de críticas por sus contratos colectivos, que el Gobierno considera como un uso abusivo de los recursos públicos. En julio, el Ministerio del Trabajo solicitó un examen especial a la Contraloría General del Estado, lo que sugiere una intención de revisar los costos y la eficiencia de estas entidades.
La falta de inversión en el sector eléctrico ha sido citada por el Gobierno como uno de los principales factores que contribuyen a la crisis actual. En este contexto, se ha abierto un debate sobre la necesidad de permitir la inversión privada como una estrategia para revitalizar la infraestructura y mejorar la calidad de los servicios.
Con la situación crítica que atraviesa el país, los expertos consideran que aprender de los modelos exitosos en otras áreas podría ser fundamental para enfrentar la crisis energética. La experiencia de la privatización en el sector de telecomunicaciones, que ha mostrado un crecimiento significativo y una mayor eficiencia, podría servir como un ejemplo a seguir para reestructurar el sector eléctrico y otros servicios públicos en Ecuador.
