Las bancadas legislativas de la Asamblea Nacional se preparan para definir sus posturas ante la solicitud presentada por la vicepresidenta Verónica Abad, quien ha pedido que se fiscalice a las ministras Ivonne Núñez (Trabajo) y Gabriela Sommerfeld (Relaciones Exteriores) por presunta persecución política. La sesión para abordar este asunto está programada para el próximo martes.
El 17 de septiembre de 2024, Abad envió una carta al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, fundamentando su petición en la Constitución, que garantiza el derecho de los ciudadanos a presentar quejas ante las autoridades. Según Abad, las acciones en su contra, como los decretos que la nombraron embajadora y las directrices relacionadas con su permanencia en la oficina consular de Tel Aviv, constituyen un trato denigrante y persecutorio por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La situación se complica aún más con la ministra del Trabajo, quien enfrenta un sumario administrativo que, según Abad, le atribuye funciones que no le corresponden. La vicepresidenta sostiene que cualquier decisión sobre su posible destitución debe ser evaluada por la Asamblea.
Tras recibir la solicitud, Kronfle confirmó que se discutirá en el pleno la próxima semana. “Se tiene que resolver de acuerdo con los argumentos presentados en la carta. La resolución será pública”, comentó el presidente, añadiendo que se reunirá con todas las bancadas para establecer el procedimiento adecuado.
Kronfle expresó su preocupación sobre el uso de mecanismos inadecuados que podrían buscar la destitución de Abad. “La resolución debe ser estrictamente legal. No puede haber posiciones políticas”, subrayó, enfatizando que la Asamblea debe actuar conforme a la ley.
Desde el bloque de Construye, Jorge Peñafiel manifestó que su bancada analizará los argumentos de la vicepresidenta antes de tomar una decisión, destacando que la Asamblea tiene la facultad de fiscalizar a través de comisiones o juicios políticos, siempre que se presenten argumentos sólidos.
Vicente Taiano, de la bancada socialcristiana, coincidió en que la Asamblea debe abordar la solicitud y aclaró que la fiscalización no necesariamente culminará en un juicio político. “Para que haya juicio, deben presentarse causales. Este tema ya debería cerrarse; hay asuntos más importantes en el país”, expresó.
El representante de ADN, Adrián Castro, defendió el derecho de la vicepresidenta a presentar su solicitud y afirmó que corresponde al pleno determinar la procedencia de la misma. También mencionó que todos los funcionarios son iguales ante la ley, y que si Abad considera que hay causales para un juicio político, debería proceder sin problemas.
Blasco Luna, de la bancada de la Revolución Ciudadana, defendió a Abad, afirmando que se está cometiendo un atropello por parte del Gobierno. “Es una maniobra política para deshacerse de la vicepresidenta”, aseguró, advirtiendo que se vigilará que se respeten sus derechos.
Luna enfatizó que la Comisión del Derecho al Trabajo debería tramitar la solicitud de fiscalización, resaltando la importancia de garantizar que se actúe conforme a la ley y evitando arbitrariedades que pudieran perjudicar a la vicepresidenta.
En este clima de tensiones políticas, el próximo martes será crucial para determinar el rumbo de esta polémica solicitud y su posible impacto en la estabilidad del Gobierno.
