La Corte Nacional de Justicia ha decidido mantener al conjuez Julio Inga a cargo del caso de Reconstrucción de Manabí, en el que se investigan delitos de peculado. La jueza Daniella Camacho rechazó la solicitud de excusa presentada por Inga, quien alegaba que tenía un conflicto de interés debido a una denuncia por prevaricato presentada por el exvicepresidente Jorge Glas, uno de los acusados en este proceso.
La excusa fue presentada el 6 de septiembre, fundamentándose en el artículo 572.3 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece las razones para excusarse o recusarse de un caso, como tener un juicio pendiente con alguna de las partes. Sin embargo, Camacho concluyó que el caso de prevaricato contra Inga aún se encuentra en etapa de investigación, lo que no lo convierte en un proceso penal formal.
“Julio Inga no ha demostrado la existencia de la causal 3 del artículo 572 del COIP. La denuncia por prevaricato no es un proceso penal ni un juicio, por lo que no hay motivos para cuestionar su imparcialidad”, indicó la jueza en su resolución. Así, se ordenó que Inga continúe liderando la evaluación y la audiencia preparatoria del juicio, conforme a la normativa vigente.
El 12 de mayo de este año se cumplió el plazo de cuatro meses para la fase de instrucción fiscal, en la que se han reunido pruebas tanto de cargo como de descargo para decidir si se presentará una acusación formal contra los nueve implicados en el caso. Sin embargo, hasta la fecha, las audiencias para la evaluación y preparación del juicio han sido pospuestas en dos ocasiones por diversas razones.
Entre los acusados se encuentran nombres prominentes como Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción, y Walter Solís, exministro de Obras Públicas, junto a otros exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. Dos de ellos, Bernal y Solís, enfrentan órdenes de prisión preventiva y se encuentran fuera del país, con Bernal reportado en Miami y Solís en México.
La Fiscalía investiga el presunto desvío de fondos públicos provenientes de la Ley de Solidaridad, creada tras el devastador terremoto de abril de 2016. Estos recursos estaban destinados a la atención de las áreas afectadas, pero se sospecha que fueron mal utilizados. Según la Fiscalía, los acusados priorizaron proyectos que no cumplían con los criterios establecidos por la ley, ignorando más de 580 iniciativas urgentes para la reconstrucción de infraestructura y servicios esenciales en las regiones afectadas.
La fiscal general, Diana Salazar, ha señalado que las investigaciones revelan que se favorecieron obras de interés personal para los acusados, eludiendo los procesos de contratación pública y beneficiando a empresas vinculadas a familiares de los imputados. Se estima que el monto desviado asciende a unos 367 millones de dólares, lo que representa un grave daño al erario público y a las comunidades que aún luchan por recuperarse de la tragedia del terremoto.
