Audiencia del caso Liga2 queda suspendida sin fecha definida, pero avanza apelación de Esther Cuesta
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) decidió diferir, sin nueva fecha de convocatoria, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del proceso Liga2, una causa judicial que involucra a exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y a figuras vinculadas con la Revolución Ciudadana.
La resolución fue adoptada por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la CNJ, mediante un auto emitido el 24 de octubre de 2025, a las 16:08. Esta decisión interrumpe momentáneamente el avance del proceso que busca determinar si existen vicios procesales o elementos suficientes para dictar un auto de llamamiento a juicio.
No obstante, el expediente judicial registra un movimiento paralelo: la convocatoria a la audiencia de apelación de la prisión preventiva dictada contra la exasambleísta Esther Cuesta Santana, la cual se realizará el miércoles 29 de octubre de 2025, a las 17:00.
Según la CNJ, esta diligencia será oral, pública y contradictoria, y la procesada deberá comparecer de forma presencial, aunque se mantiene abierta la posibilidad de que participe telemáticamente, conforme al artículo 565 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El recurso presentado por la defensa busca dejar sin efecto la orden de prisión preventiva que la jueza Daniella Camacho emitió el 1 de octubre, tras constatar que Cuesta incumplió la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales.
La exlegisladora, que actualmente reside en Europa, también enfrenta una notificación roja de Interpol solicitada por la Corte Nacional para su localización y captura.
Motivos del diferimiento en el caso Liga2
El diferimiento de la audiencia preparatoria de juicio fue solicitado por el abogado Eduardo Franco Loor, uno de los procesados y exdefensor del expresidente Rafael Correa. La petición fue aceptada por el tribunal ante la ausencia de oposición por parte de la Fiscalía General del Estado y de la acusación particular.
La jueza Camacho, quien preside el tribunal, resolvió que la audiencia será reprogramada oportunamente, de acuerdo con el calendario de audiencias de la Sala Penal.
Con esta decisión, se deja sin efecto la audiencia que había sido inicialmente fijada para el 24 de noviembre, la cual ya había sido adelantada una vez al 27 de octubre a las 09:00. El proceso, por tanto, entra en una nueva pausa judicial sin fecha definida.
El objetivo de esta etapa procesal es determinar si la causa cumple con los requisitos formales y materiales para avanzar hacia un dictamen acusatorio por parte de la Fiscalía.
Los implicados y las acusaciones fiscales
En el expediente constan como procesados los exconsejeros del CPCCS: Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor; la consejera en funciones Nicole Bonifaz; el excandidato presidencial Andrés Arauz; el exsuperintendente de Bancos Raúl González —cuya designación fue anulada en 2022—, y la exasambleísta Esther Cuesta.
La Fiscalía General del Estado sostiene que los procesados habrían participado en la planificación de una estrategia política para controlar instituciones del Estado y favorecer a la Revolución Ciudadana, mediante el nombramiento de funcionarios afines en entidades clave como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura.
En semanas recientes, el proceso ha tenido nuevos desarrollos judiciales. La jueza Camacho concedió una caución económica de USD 11.280 al exconsejero Augusto Verduga, lo que permitió levantar la orden de prisión preventiva en su contra. En contraste, dictó prisión preventiva contra Cuesta por incumplir las medidas cautelares.
La magistrada también negó el pedido de la defensa de Cuesta para que la exlegisladora, residente en Italia, pudiera presentarse ante una delegación diplomática ecuatoriana. Tras esa negativa, la Secretaría de la Sala remitió el 1 de octubre un oficio a Interpol para activar la notificación roja internacional.
El expediente señala que este trámite incluyó 29 fojas con copias certificadas del acta de audiencia de vinculación, la formulación de cargos y la boleta de captura, como sustento para el pedido internacional de localización.
