Corte Constitucional presiona al Gobierno para integrar comisión nacional por la seguridad
La Corte Constitucional (CC) de Ecuador emitió un llamado firme al Gobierno del presidente Daniel Noboa: si las autoridades del Ejecutivo se niegan a enviar a sus representantes a la comisión interinstitucional para abordar la crisis de seguridad, serán convocadas directamente a participar. La advertencia busca garantizar el cumplimiento de una resolución previa que ordena la conformación de un espacio técnico y político para enfrentar el crimen organizado sin recurrir de manera constante a los estados de excepción.
El pronunciamiento de la Corte se dio a través de un auto de seguimiento a una sentencia anterior que obliga al Estado a desarrollar mecanismos sostenibles y legales para garantizar la seguridad ciudadana. En el documento se expone que el Gobierno ha incumplido con el envío de sus delegados a esta comisión, lo cual ha motivado una nueva advertencia institucional.
La seguridad no puede depender de estados de excepción permanentes
El objetivo de la comisión interinstitucional es diseñar estrategias estructurales que permitan combatir la violencia sin recurrir de forma repetitiva al mecanismo de estado de excepción, el cual ha sido utilizado frecuentemente en el actual periodo presidencial como respuesta a la escalada delictiva en el país.
Los magistrados de la CC sostienen que la participación del Ejecutivo es crucial para avanzar en propuestas sostenibles. “La implementación de políticas públicas efectivas en seguridad exige coordinación entre todas las instituciones del Estado”, reza parte del auto emitido.
Varias autoridades no han cumplido la disposición judicial
No solo el presidente Daniel Noboa ha omitido el envío de delegados a la comisión. También han desatendido la instrucción los titulares de los ministerios del Interior, Defensa, Inclusión Económica y Social, Economía y Finanzas, así como el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
La Corte ha sido enfática en señalar que, de persistir la inasistencia de los representantes de estas instituciones, se convocará directamente a sus máximas autoridades para que asuman su responsabilidad en la construcción de políticas de seguridad integrales.
Un paso hacia un modelo de seguridad más sólido y coordinado
El llamado de la Corte busca encaminar al país hacia una estrategia de seguridad articulada, duradera y libre de medidas extraordinarias como los estados de excepción, que deben ser utilizados únicamente en situaciones excepcionales y temporales.
La participación activa del Ejecutivo y de todos los actores clave será determinante para enfrentar el complejo fenómeno del crimen organizado y reducir los niveles de violencia que afectan a la ciudadanía.
