El caso Metástasis, que lleva dieciséis días de audiencia, experimentó un aumento en las medidas de seguridad dentro y fuera del edificio de la Corte Nacional de Justicia en Quito. La Fiscalía, que había convocado a más de 250 testigos y peritos, ha decidido prescindir de algunos para agilizar el proceso.
Durante esta jornada, Claudia G., una de las acusadas de pertenecer a la estructura criminal liderada por Leandro Norero, fue situada cerca del estrado de los jueces tras recibir amenazas de muerte en su teléfono móvil. Claudia G., quien en días previos había compartido espacio con otros procesados, notificó al tribunal sobre las amenazas y expresó: “Desafortunadamente, hablar en voz alta se convierte en una amenaza para muchos”.
Claudia G. es conocida por haber trabajado como excomisionada de Pacificación de las Cárceles y por su presunta colaboración con grupos delictivos. A su llegada a la audiencia, la excomisionada confirmó que presentó una denuncia en Fiscalía por las amenazas recibidas, un día después de que se hicieran públicos supuestos chats con Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado en agosto de 2023. La noticia de esta revelación provocó una crisis de ansiedad en Claudia G., causando una demora de dos horas en la audiencia.
Su abogado, Jorge Haz, solicitó que Claudia G. sea incluida en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos y que reciba apoyo médico y psicológico, debido a la información sensible que proporcionó en vida a Villavicencio, la cual podría haber desencadenado las amenazas.
Durante la jornada de este jueves, el ambiente estuvo fuertemente resguardado. Agentes de la Policía, miembros de las Fuerzas Armadas y personal de seguridad penitenciaria intensificaron sus controles de acceso y circulación en las áreas destinadas al público y a los acusados. Además, se restringió el uso de dispositivos electrónicos como celulares y computadoras portátiles entre los asistentes.
La audiencia continuó con el testimonio número trece de la Fiscalía, un sargento de Policía que relató su participación en el allanamiento de una residencia en Samborondón, provincia de Guayas, donde se detuvo a un oficial de policía acusado en este proceso. Este allanamiento fue parte de una serie de operaciones que incluyeron un patio de venta de vehículos presuntamente relacionado con la red criminal de Norero.
Posteriormente, la Fiscalía presentó a su testigo catorce, el policía Jhonathan Zambrano, encargado de tres allanamientos en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Las propiedades allanadas, entre ellas una oficina judicial y una unidad de soluciones rápidas, estaban vinculadas al exfiscal Víctor Hugo A., acusado de colaborar con la organización de Norero para obtener sentencias favorables y beneficios penitenciarios.
La sesión se suspendió al mediodía durante 45 minutos para el almuerzo de las partes, y se espera que el día 16 del juicio finalice tarde en la noche. La jueza Mercedes Caicedo anunció que la audiencia continuará el fin de semana, aunque aún se desconocen los horarios específicos.
