La empresa Contecon Guayaquil S.A., concesionaria del Puerto Marítimo de Guayaquil, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra siete artículos de la Ley Orgánica de Modernización a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la parte que regula la gestión portuaria. El reclamo, ingresado ante la Corte Constitucional de Ecuador, cuestiona que dichas disposiciones permiten que empresas privadas operen puertos de forma directa, lo cual, a su juicio, vulnera la normativa constitucional vigente.
¿Qué impugna Contecon y por qué?
La demanda presentada por Contecon sostiene que los artículos demandados —incluidos en una normativa que se refiere a la administración y operación de infraestructura pública portuaria— permiten que se delegue de forma ordinaria, y no excepcional, la gestión de puertos estatales a empresas privadas. Según la Constitución ecuatoriana, las actividades estratégicas como la portuaria deben ser gestionadas directamente por el Estado, y sólo pueden ser delegadas bajo un régimen excepcional y debidamente justificado.
“Se está permitiendo una forma de gestión que no responde al marco constitucional. La operación directa de puertos por privados, sin que exista un régimen de excepción, representa una amenaza a la seguridad jurídica y al principio de legalidad en la administración de bienes estratégicos”, señaló un vocero legal de la empresa, en declaraciones recogidas por medios especializados.
¿Qué efectos tendría una eventual anulación?
Si la Corte Constitucional da la razón a Contecon, esto podría tener repercusiones significativas en el modelo de gestión portuaria del país. Actualmente, varias terminales portuarias del Ecuador operan bajo diferentes esquemas de concesión o administración delegada, lo cual, según Contecon, se ha desviado del marco que exige la Constitución.
Una posible declaración de inconstitucionalidad de estos artículos podría obligar al Estado a revisar y reformular los contratos con operadores privados y podría restringir futuras concesiones si no cumplen con el requisito de excepcionalidad previsto en la Carta Magna.
Contexto del conflicto legal
Contecon ha sido una de las empresas más relevantes en el sector portuario ecuatoriano, operando en Guayaquil desde 2007 bajo un contrato de concesión firmado con la Autoridad Portuaria. En los últimos años, han surgido tensiones entre operadores y el gobierno respecto al rol del sector privado en la gestión de puertos.
Esta demanda se da en medio de un debate más amplio sobre la modernización y regulación de los servicios portuarios, la inversión extranjera y el control estatal sobre sectores estratégicos. Algunos sectores del empresariado han advertido que limitar la participación privada en los puertos podría afectar la competitividad del país y desincentivar la inversión en infraestructura logística.
¿Qué sigue en el proceso?
La Corte Constitucional debe admitir a trámite la demanda y convocar a las partes involucradas para presentar sus argumentos. Posteriormente, se evaluará si los artículos en cuestión efectivamente contravienen la Constitución. No hay un plazo fijo para la resolución del caso, pero se espera que el tema adquiera relevancia nacional debido al impacto económico y jurídico que podría generar en la gestión portuaria del país.
