Este jueves 12 de junio, el presidente del Consejo de Comunicación, César Martín, acudió a la sede de la Fiscalía en Chone, provincia de Manabí, para presentar una denuncia formal por amenazas de muerte contra el periodista Luis Alberto Arteaga Carrasco, colaborador del medio local Súper Stereo. La entidad también ha solicitado medidas de protección urgentes para garantizar la seguridad del comunicador.
Durante una breve rueda de prensa, Martín expresó su preocupación por la integridad física de Arteaga, quien habría sido víctima de un atentado en abril. Según explicó, estas amenazas estarían vinculadas a su participación en procesos de veeduría ciudadana, específicamente en la licitación del Plan Maestro Hidrosanitario Fluvial de Chone, un proyecto de alto perfil en la región.
“Estamos aquí para denunciar lo que está ocurriendo con un periodista que, en ejercicio de su derecho a informar y fiscalizar, ha sido objeto de hostigamiento y amenazas que podrían estar relacionadas con su labor en una veeduría ciudadana”, indicó el titular del Consejo de Comunicación.
Arteaga fue parte de una veeduría especial conformada por solicitud del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para supervisar el proceso de contratación pública del mencionado plan de infraestructura. Este tipo de control social ha sido impulsado en varios municipios como una estrategia para combatir la corrupción y garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos.
El presidente del Consejo también enfatizó que el periodismo no puede ejercerse con miedo y que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes cumplen un rol fundamental en la vigilancia democrática. “No se trata solo de una amenaza individual, sino de un atentado contra la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado”, recalcó.
Desde el entorno del periodista se ha manifestado preocupación por el ambiente hostil que ha enfrentado en las últimas semanas. La denuncia ahora se encuentra en manos del Ministerio Público, que deberá iniciar una investigación formal para esclarecer los hechos y determinar si existe una relación directa entre las amenazas y la actividad fiscalizadora de Arteaga.
El Consejo de Comunicación reiteró su respaldo al periodista y solicitó una respuesta oportuna de las autoridades, al tiempo que hizo un llamado a los entes estatales a reforzar las garantías para la prensa, especialmente en zonas donde la vigilancia ciudadana suele incomodar intereses políticos o económicos.
