El próximo lunes 16 de junio, a partir de las 14:00, se reinstalará la audiencia de apelación al sobreseimiento de siete exfuncionarios procesados por el presunto delito de peculado dentro del caso Reconstrucción de Manabí. Entre ellos figura Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas durante el gobierno de Rafael Correa, quien, junto con los otros implicados, deberá argumentar por qué no deben ser llamados a juicio.
La diligencia será dirigida por el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), conformado por los jueces Felipe Córdova (ponente), Daniella Camacho y Manuel Cabrera. La audiencia fue suspendida el pasado miércoles y ahora se reanudará con la exposición de los fundamentos por parte de los procesados para mantener el fallo de sobreseimiento emitido el 19 de mayo por el conjuez Marco Aguirre.
Aunque la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) solicitaron que la audiencia de apelación se resuelva antes del juicio, el tribunal decidió postergar la decisión, separando los tiempos procesales.
Por esta razón, el martes 17 de junio únicamente se llevará a cabo la audiencia de juicio contra Jorge Glas, exvicepresidente de la República, y Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, quienes sí fueron llamados a juicio en fechas anteriores por su supuesta participación en irregularidades en el manejo de fondos destinados a la reconstrucción posterior al terremoto de 2016.
Además de Walter Solís, los otros seis exfuncionarios cuyo sobreseimiento fue apelado por la parte acusadora son: Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico; José Nicanor B. Q., exsubsecretario de la Regional 4 del MTOP; Boris Sebastián C. G. y Omar Wilfrido Ch. R., ambos exviceministros de Infraestructura de Transporte; Víctor Salvador J. V., exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); y Milton Daniel M., exfuncionario de Inmobiliar.
El caso Reconstrucción de Manabí investiga presuntas irregularidades en la asignación y ejecución de contratos por cientos de millones de dólares, recursos públicos destinados a obras de infraestructura tras el sismo de 2016 que afectó gravemente a la provincia. La Fiscalía ha sostenido que existieron actos de peculado y abuso de fondos estatales por parte de los acusados.
Los resultados de la audiencia del lunes podrían ampliar la lista de procesados en juicio y marcar un precedente judicial clave en uno de los procesos más emblemáticos por corrupción en el país.
