El conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), David J., regresó a sus funciones el pasado 22 de octubre, luego de cumplir una suspensión temporal de tres meses sin sueldo. La medida había sido adoptada como prevención ante un presunto caso de acoso sexual denunciado por una exservidora judicial, según informó el Consejo de la Judicatura (CJ).
La suspensión, que comenzó el 21 de julio, fue levantada en el marco del debido proceso, pero el CJ aclaró que esto no significa el cierre del proceso disciplinario. La investigación sigue en curso bajo la supervisión de una veeduría técnico-jurídica designada por el organismo, encargada de garantizar la integridad del expediente y la recopilación de pruebas sin interferencias externas.
En un comunicado, la CNJ explicó que “el Consejo de la Judicatura, como órgano disciplinario de la Función Judicial, resolverá la situación de dicho servidor conforme a la normativa aplicable”, enfatizando que la investigación continúa activa.
El 11 de septiembre, poco más de un mes después de la suspensión inicial, el CJ decidió abrir formalmente un sumario administrativo contra David J., acusado de presunto acoso sexual hacia una exfuncionaria de su despacho. La decisión de suspenderlo fue unánime por parte del pleno del CJ, presidido por Mario Godoy e integrado por las vocales Yolanda Yupangui y Solanda Goyes. La suspensión se implementó como medida preventiva para evitar cualquier influencia del magistrado sobre testigos o subordinados durante la investigación.
Como parte del seguimiento al caso, el 16 de octubre el pleno del CJ designó a tres veedores titulares y tres suplentes para supervisar el proceso. Posteriormente, el 23 de octubre, la presunta víctima rindió su versión ante la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, como parte de la fase de presentación de pruebas.
Según el expediente disciplinario, la exfuncionaria denunció que David J. le habría realizado propuestas de connotación sexual, condicionando su permanencia laboral y posibles ascensos al cumplimiento de favores personales. La denunciante habría registrado algunas conversaciones en audio, evidenciando la insistencia del conjuez e incluso sugerencias de firmar su renuncia. Testigos confirmaron la existencia del acoso y señalaron que el comportamiento del magistrado generaba temor entre el personal administrativo.
El presidente de la CNJ, José Suing, reiteró el 17 de julio que el caso se encuentra también bajo investigación de la Fiscalía, proceso que permitirá determinar los hechos garantizando el respeto al debido proceso y los derechos de las partes involucradas. Suing aseguró que la CNJ rechaza cualquier acto de violencia, acoso o discriminación y que se respetará el proceso legal correspondiente.
Solanda Goyes, exvocal del CJ, manifestó que resulta inusual levantar la suspensión sin resolver primero la causa que motivó la medida, recordando que un sumario administrativo puede concluir en 45 días, mientras que la acción disciplinaria prescribe en un año según el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial. El expediente contra David J., iniciado el 15 de septiembre de 2025, cuenta con tiempo suficiente para emitir un fallo sobre su responsabilidad.
El caso mantiene la atención sobre la transparencia y control disciplinario dentro de la Función Judicial, subrayando la importancia de la protección de derechos y la integridad institucional mientras se desarrollan las investigaciones pertinentes.
