En un giro significativo en la gestión de la seguridad en Guayaquil, el ECU911 asumió el control del sistema de recepción de llamadas de emergencia y la coordinación con entidades de respuesta desde el 26 de septiembre. Esta medida marca el fin de un convenio que, desde 2019, permitía a la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) manejar estas funciones desde sus propias instalaciones.
Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, comentó que esta decisión fue comunicada casi a la medianoche del 25 de septiembre y representa una resolución unilateral del acuerdo entre ambas entidades. Según Cornejo, la nueva estructura del ECU911, que ahora opera desde La Puntilla, implica también el fin del convenio de videovigilancia en la ciudad. No obstante, el funcionario se apresuró a asegurar que Segura EP continuará con la operación de más de 34,000 cámaras de seguridad en Guayaquil.
Este viernes 28 de septiembre, Cornejo enfatizó que “la videovigilancia de Guayaquil sigue operada por Segura EP dentro de sus competencias, que incluyen el control del espacio público, la gestión de riesgos, la seguridad vial y el apoyo a la seguridad ciudadana”.
La controversia se intensificó tras las declaraciones de Ana María Ayala, directora del ECU911, quien en una rueda de prensa afirmó que su organismo había sido bloqueado del acceso a 16,000 cámaras de seguridad. En respuesta, Cornejo desmintió tales afirmaciones, alegando que las cámaras de Segura EP nunca han sido bloqueadas, y mencionó que algunos dispositivos podrían haber estado fuera de servicio debido a cortes de energía decretados por el Gobierno.
Ayala, respaldada por el Decreto 214, que establece las obligaciones del ECU911 en el control y regulación de los sistemas de emergencia, indicó que se habían tomado acciones judiciales ante la Fiscalía para garantizar la operatividad y seguridad de los ciudadanos. Cornejo, por su parte, aclaró que a pesar de los inconvenientes, la Policía Nacional y otras instituciones continuaron operando normalmente.
En un mensaje publicado en redes sociales, Cornejo subrayó que los medios presentes en la conferencia de prensa pudieron comprobar que las cámaras seguían funcionando adecuadamente, desestimando así las afirmaciones de bloqueo por parte del ECU911.
La situación refleja un desacuerdo notable entre el Gobierno nacional y el Municipio de Guayaquil, en un contexto donde la seguridad pública sigue siendo una prioridad para la ciudadanía. La disputa sobre el control de la videovigilancia resalta la importancia de una coordinación eficaz entre las diferentes entidades de seguridad para garantizar el bienestar de los habitantes de la ciudad.
