La Sala Penal de la Corte Provincial de Manabí resolvió rechazar el recurso de apelación presentado por el exfiscal Juan Carlos Izquierdo, confirmando su condena a tres años de prisión por violencia psicológica en perjuicio de su exnovia, Naomi Arcentales. Esta decisión judicial mantiene vigente la sentencia emitida en abril de 2024, que estableció la responsabilidad de Izquierdo en un caso que continúa generando atención por las circunstancias que rodearon la muerte de la joven.
Naomi Arcentales, una modelo de 23 años, fue encontrada sin vida el 12 de diciembre de 2021 en un departamento de un hotel cinco estrellas en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. Su fallecimiento provocó una fuerte conmoción social y la movilización de familiares y sectores civiles que exigen esclarecer lo ocurrido y justicia ante un posible caso de femicidio.
La sentencia que ratifica la condena por violencia psicológica representa un avance en la búsqueda de justicia, aunque la familia de Naomi Arcentales sigue solicitando que se investigue con profundidad para determinar las causas reales de su muerte y que se sancione a todos los responsables.
El exfiscal Juan Carlos Izquierdo fue hallado culpable de ejercer violencia psicológica contra Naomi durante su relación, un delito que afecta el bienestar emocional y mental de la víctima y que está penado por la ley ecuatoriana. Esta sentencia se suma a las iniciativas legales que buscan proteger a las mujeres y combatir la violencia de género en el país.
“Es fundamental que los casos de violencia contra las mujeres no queden impunes y que las instituciones judiciales actúen con firmeza para garantizar la protección y los derechos de las víctimas”, comentó un especialista en derechos humanos, en referencia a la importancia de esta resolución judicial.
Las autoridades judiciales continúan investigando, y la familia de Naomi Arcentales mantiene firme su reclamo de justicia plena, buscando que se clarifiquen los hechos que rodearon la trágica muerte de la joven y que se impongan sanciones ejemplares.
Este caso también pone en evidencia la necesidad de reforzar las políticas públicas y los mecanismos de protección para mujeres en situaciones de violencia, además de promover una cultura de respeto y prevención de este tipo de delitos.
