Una mujer y su pareja fueron condenados a 26 y 13 años de prisión, respectivamente, por su implicación en delitos de explotación infantil en el cantón Mejía, al sur de Quito. El proceso legal estuvo a cargo de la Fiscalía General del Estado, que ejecutó un allanamiento en junio de 2024, donde se detectó la vulneración de derechos de dos menores de edad.
La investigación se originó tras una denuncia presentada por un familiar de las víctimas, lo que permitió abrir un expediente judicial respaldado por pruebas técnicas, psicológicas y testimoniales. Esta evidencia fue determinante para la emisión de la sentencia por parte del juez a cargo.
Multa y reparación integral para las víctimas
Además de las penas privativas de libertad, los implicados deberán pagar una multa de 800 salarios básicos unificados, equivalente a aproximadamente $10.000, como parte de una reparación integral a las víctimas, contemplada dentro del fallo judicial.
El caso fue juzgado conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP), específicamente en los artículos que sancionan severamente los delitos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando estos son cometidos por personas del entorno familiar.
Testimonio clave permitió avanzar en la investigación
Una declaración emitida por una persona cercana a las víctimas reveló antecedentes que ayudaron a comprender la magnitud del caso. Junto con informes de peritos, esta información aportó a la decisión judicial y a establecer las responsabilidades de los acusados.
Llamado a fortalecer la protección de la niñez
Este caso, que ha generado gran repercusión social, pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de protección infantil y los canales de denuncia ante señales de riesgo. Las autoridades recordaron que los delitos que atentan contra los derechos de menores no prescriben y serán perseguidos con todo el rigor de la ley.
