La concesión del campo petrolero Sacha, uno de los yacimientos más importantes de Ecuador, continúa en un limbo debido a la combinación de una intensa fiscalización por parte de la Asamblea Nacional y la ausencia de una definición clara por parte del Gobierno. A la fecha, el Comité de Licitaciones de Hidrocarburos, instancia encargada de aprobar la delegación del campo a un consorcio empresarial, todavía no ha sido convocado para tomar una decisión definitiva.
Este retraso genera incertidumbre en el sector energético, especialmente porque la concesión de Sacha es crucial para la producción petrolera del país y para atraer inversiones. La presidenta del Comité de Licitaciones ha señalado que la falta de convocatoria dificulta avanzar en la adjudicación del contrato, dejando en pausa proyectos que podrían impulsar la economía nacional.
Por su parte, la Asamblea Nacional ha intensificado la vigilancia y revisión del proceso, argumentando la necesidad de asegurar transparencia y proteger los intereses públicos en la gestión de los recursos naturales. “Estamos ante un proceso que debe ser minucioso para evitar cualquier irregularidad que perjudique al Estado y a la sociedad”, explicó un legislador que forma parte de la comisión de fiscalización.
Sin embargo, la indefinición del Ejecutivo sobre la concesión genera preocupación entre expertos y empresas, que advierten que esta falta de claridad podría provocar retrasos en la producción y un menor flujo de inversiones en el sector petrolero. Algunos analistas subrayan que, en un contexto de fluctuación global en los precios del crudo, Ecuador necesita acelerar decisiones estratégicas para fortalecer su posición en el mercado energético.
Además, desde el sindicato de trabajadores de Petroecuador, que en ocasiones ha apoyado la concesión, se han expresado reservas y peticiones para garantizar que el proceso respete los derechos laborales y financieros de los empleados afectados.
En resumen, la concesión del campo Sacha sigue siendo un tema crítico en la agenda energética de Ecuador, donde la tensión entre el control legislativo y la falta de definición gubernamental mantiene paralizado un proceso clave para la industria petrolera y la economía nacional.
