El proceso de concesión del campo Sacha, ubicado en el bloque 60 y actualmente gestionado por el Gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), fue el centro de una sesión convocada por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La reunión, realizada el viernes 14 de febrero de 2025, tenía como objetivo analizar la delegación del campo a un consorcio de empresas subsidiarias de corporaciones estatales extranjeras. Sin embargo, la sesión no contó con la presencia de las autoridades clave citadas para explicar los detalles de esta transacción, lo que generó incertidumbre y desconfianza en el proceso.
La Comisión había convocado a varias figuras del Gobierno para que ofrecieran sus explicaciones y despejaran dudas sobre la legalidad y transparencia de la concesión. Entre los citados se encontraban la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano; la gerenta subrogante de Petroecuador, Jackeline Jiménez; el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea; y el exministro de Finanzas, Juan Carlos Vega. Sin embargo, todos ellos presentaron excusas para no asistir, dejando la sesión sin las respuestas que esperaban los legisladores.
Ausencias y justificaciones de las autoridades citadas
La ministra Inés Manzano, quien lidera el MEM, y la gerenta subrogante de Petroecuador, Jackeline Jiménez, no pudieron asistir a la sesión de fiscalización, argumentando razones que no fueron especificadas. El procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, también presentó una excusa formal. En su carta dirigida a la Comisión, Larrea explicó que su despacho no había recibido ninguna solicitud relacionada con la concesión del campo Sacha, ni para pronunciarse sobre un proceso precontractual o un contrato ya firmado. Además, aclaró que la Procuraduría no tiene competencia para autorizar la firma de contratos públicos ni para realizar un control previo de legalidad sobre este tipo de acuerdos.
La ausencia más relevante fue la de Juan Carlos Vega, exministro de Finanzas, quien renunció a su cargo el jueves 13 de febrero, justo antes de la convocatoria. Como consecuencia, no fue posible notificarlo adecuadamente para que asistiera a la sesión, lo que dejó un vacío importante en el análisis del proceso de concesión.
El contexto de la concesión del campo Sacha
La concesión del campo Sacha ha sido uno de los temas más controvertidos en el ámbito energético de Ecuador, dada la participación de empresas extranjeras y la falta de claridad en el proceso. Este campo, uno de los más importantes de Ecuador en términos de producción de petróleo, ha estado bajo la gestión del Gobierno ecuatoriano en alianza con corporaciones extranjeras. La asignación a un consorcio de empresas subsidiarias de estas entidades estatales ha generado críticas tanto dentro del Gobierno como entre actores externos, que cuestionan los términos de la concesión y la falta de supervisión pública.
El tema ha cobrado relevancia en un contexto de crecientes tensiones sobre la política energética del país y las concesiones a empresas extranjeras en sectores clave como el petróleo. La Comisión de Fiscalización, encargada de velar por la transparencia en la gestión pública, busca esclarecer estos puntos y determinar si los procedimientos seguidos en la concesión han sido adecuados y conforme a la ley.
Implicaciones políticas y la falta de transparencia
La falta de comparecencia de los funcionarios clave genera inquietudes sobre la transparencia en la concesión de recursos naturales en Ecuador. La ausencia de las autoridades citadas también ha reavivado el debate sobre el control que el Congreso y otras instancias del poder legislativo deben tener sobre las decisiones del Ejecutivo, especialmente en temas tan sensibles como la administración de recursos petroleros.
La Comisión de Fiscalización aún espera respuestas sobre las dudas planteadas, y el proceso de revisión de la concesión del campo Sacha podría tener repercusiones importantes tanto para el futuro de la política energética de Ecuador como para la confianza pública en las instituciones gubernamentales. Mientras tanto, el Gobierno se ha visto obligado a defender su decisión de delegar la administración del campo a un consorcio internacional, pero las críticas persisten debido a la falta de explicaciones claras y la ausencia de rendición de cuentas.
