En una sesión extraordinaria que se extendió por más de tres horas, el Concejo Cantonal de La Troncal aprobó la destitución de la alcaldesa Miriam Castro, quien asistió al encuentro para ejercer su defensa. La decisión fue adoptada con cinco votos a favor de los siete concejales que integran el cuerpo edilicio.
Durante la sesión, los ediles concluyeron que Castro habría incurrido en la causal establecida en el literal C del artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad), que sanciona el “incumplimiento, sin causa justificada, de las leyes y resoluciones legítimamente adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados”.
El Concejo señaló que el proceso se desarrolló respetando el debido proceso y los derechos constitucionales de la autoridad, asegurando que la decisión se tomó dentro del marco legal y sin vicios que afecten su validez.
En su intervención, la alcaldesa Castro rechazó las acusaciones y destacó que ninguna de las causas de su remoción está relacionada con actos de corrupción. También criticó que entre los motivos señalados se incluyan temas administrativos, como el cambio de fecha y horario de las sesiones del Concejo, así como la forma en que se realizan las convocatorias.
“Es injusto que se pretenda removerme por decisiones operativas que no afectan la transparencia ni el funcionamiento del municipio”, expresó Castro ante los concejales presentes.
La decisión del Concejo ha generado diversas reacciones políticas. A través de su cuenta en X (antes Twitter), el expresidente Rafael Correa manifestó su respaldo a la alcaldesa Castro y condenó la actuación de los dos concejales del movimiento Revolución Ciudadana que votaron a favor de la destitución, adelantando que serán expulsados del movimiento por su decisión.
Hasta el momento, no se ha confirmado quién asumirá temporalmente las funciones de la Alcaldía de La Troncal mientras se define el procedimiento legal posterior. Según lo establece el Cootad, tras la remoción de una autoridad electa, el Concejo deberá notificar al Consejo Nacional Electoral (CNE) y designar a un reemplazo provisional mientras se resuelve la situación administrativa.
El caso ha reavivado el debate sobre la autonomía de los gobiernos locales y la interpretación de las causales de destitución contempladas en la normativa ecuatoriana. Expertos en derecho municipal sostienen que la aplicación del artículo 333 requiere una justificación sólida y evidencia de incumplimientos que afecten la gestión pública, lo que podría abrir la puerta a un eventual proceso de apelación por parte de Castro.
La situación en La Troncal mantiene expectante a la ciudadanía, mientras se espera la resolución formal que ratifique o revierta la decisión del Concejo.
