La comisión ciudadana que lidera el concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado entró en una etapa clave: la revisión de admisibilidad de los 75 postulantes inscritos. El proceso es supervisado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que estableció un plazo de diez días para analizar los expedientes y determinar qué aspirantes cumplen los requisitos constitucionales y legales.
Una vez concluida esa evaluación, los comisionados tendrán tres días adicionales para elaborar el informe respectivo. El reglamento del concurso fija un plazo máximo de cuatro meses para concluir el proceso, con posibilidad de una prórroga de hasta dos meses adicionales si las circunstancias lo ameritan.
Esta fase arranca con dos nuevos integrantes en la comisión. El pleno del CPCCS resolvió destituir a Wellington Andachi, representante de la ciudadanía, tras considerar configurada una ausencia prolongada de tres días y falta de presencialidad, pese a que presentó un certificado médico luego de sufrir un derrame cerebral. La consejera Nicole Bonifaz votó en contra de la decisión y Piedad Cuarán se abstuvo.
Andachi había solicitado que se reconozca su justificativo médico y que se designe un reemplazo temporal por 60 días. Sin embargo, la mayoría del Consejo —cinco de siete consejeros— resolvió su salida definitiva. En la fase de méritos, el excomisionado había obtenido 28 puntos sobre 50 en la calificación correspondiente.
También se integró un nuevo delegado de la Función Judicial tras la renuncia irrevocable de Natalia Guarnizo, quien alegó motivos personales. No obstante, Guarnizo consta en la nómina de la Corte Nacional de Justicia como subcoordinadora jurídica del despacho de la jueza Daniella Camacho, una de las 75 aspirantes inscritas en el concurso.
En su reemplazo fue principalizado Santiago Ribadeneira, actual subdirector técnico de asesoría jurídica en el área de cooperación judicial internacional de la Corte. Con estos cambios, la comisión queda integrada por representantes de la ciudadanía y delegados de distintas funciones del Estado, quienes contarán con el apoyo técnico de asesores designados por los consejeros del CPCCS.
El concurso para Fiscal General del Estado mantiene inscritos a 75 postulantes provenientes de distintas provincias del país. Tras la revisión de admisibilidad, solo quienes superen esta etapa podrán avanzar a las siguientes fases de calificación, impugnación ciudadana y evaluación final, en un proceso que definirá a la nueva autoridad encargada de dirigir la Fiscalía en los próximos años.
