El 25 de noviembre de 2024, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional tomó decisiones clave en dos juicios políticos. Por un lado, aprobó el juicio político contra Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por presunto incumplimiento de funciones. Por otro lado, archivó el juicio político en contra del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres Maldonado, después de evaluar los argumentos legales.
Guarderas deberá presentar pruebas en su defensa
La asambleísta Ana Cecilia Herrera, de la bancada de la Revolución Ciudadana, fue quien solicitó el juicio político contra Guarderas, alegando que este había incumplido sus deberes. La Comisión, encabezada por la presidenta Pamela Aguirre, validó la solicitud y aprobó el proceso de calificación. El juicio recibió el apoyo de seis votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra.
A partir del 26 de noviembre, Guarderas tiene un plazo de 15 días para presentar las pruebas de descargo que demuestren su inocencia o desvirtuar las acusaciones en su contra. La Asamblea notificará tanto a la legisladora que presentó la acusación como al propio Guarderas para dar inicio formal al proceso.
Las acusaciones contra Guarderas
El juicio contra Guarderas se basa en tres acusaciones principales. La primera está relacionada con la presunta violación del deber de reserva y protección al denunciante, tras revelar públicamente los nombres de los miembros de un colectivo que había interpuesto una queja contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.
La segunda acusación hace referencia a una supuesta falsificación de firma en una queja contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por presunta campaña anticipada en las elecciones seccionales de 2023.
Finalmente, la tercera denuncia involucra la posible existencia de tráfico de influencias y violación de la independencia judicial en la tramitación de un proceso contravencional. Según la denuncia, algunos vocales del Consejo de la Judicatura habrían intervenido a favor de Guarderas en un caso relacionado con el ciudadano Marco Vinicio Tutasi Paz y Miño.
El archivo del juicio contra Ángel Torres
En cuanto al juicio contra el juez Ángel Torres Maldonado, la Comisión de Fiscalización decidió archivarlo por unanimidad. La razón de esta resolución fue el artículo 19 del Código de la Democracia, que establece que los juicios políticos contra jueces del TCE no pueden iniciarse hasta que no se emitan los resultados definitivos de un proceso electoral.
El archivo de este juicio se dio a solicitud de Juan Carlos Camacho, de la bancada Construye, quien destacó que no se cumplían los requisitos establecidos por la normativa. Además, algunos firmantes de la moción retiraron su apoyo, lo que debilita la base legal del juicio.
Torres Maldonado había sido acusado de incumplir sus funciones al dictar una sanción contra el movimiento político Construye por no entregar un informe fiscal. Este fallo afectó el registro de organizaciones políticas del movimiento, lo que fue interpretado como una violación al principio de seguridad jurídica.
En resumen, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ha dado un paso importante en la evaluación de los juicios políticos, calificado uno en contra de un alto funcionario del CPCCS y archivado otro contra un juez del TCE, aplicando los criterios legales pertinentes. El proceso contra Guarderas continuará en los próximos días, con el plazo de presentación de pruebas ya en marcha.
