La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional abrió una investigación sobre el uso del sistema financiero y las cuentas bancarias para la comisión de delitos. La sesión de este miércoles, 4 de marzo de 2026, se desarrolló bajo reserva, una medida adoptada ante la sensibilidad de la información que se trató.
El superintendente de Bancos, Roberto Romero Von Buchwald, fue convocado a la mesa legislativa y solicitó expresamente que su comparecencia se mantenga en reserva, tanto por la delicadeza de los datos a presentar como por la seguridad de su equipo y la suya propia.
Romero destacó que la información a presentar es “muy valiosa” y constituye una oportunidad para mostrar el trabajo desarrollado por la Superintendencia de Bancos desde el 27 de enero de 2025 hasta la fecha. Subrayó que su institución opera en “múltiples frentes delicados”, lo que aumenta el riesgo para quienes participan en estas tareas de supervisión financiera.
El funcionario aseguró a los legisladores que confía en que la información será manejada con la debida diligencia, preservando la confidencialidad necesaria para garantizar la seguridad de los involucrados. “No obstante, confiamos en que ustedes sabrán preservar con la debida diligencia la información que estamos por compartir”, enfatizó.
Durante la sesión, se resaltó que solo en contadas ocasiones se aborda información de esta magnitud ante la Comisión de Fiscalización. El superintendente recordó que la Superintendencia ha implementado acciones estratégicas para detectar y prevenir el uso indebido del sistema financiero, medidas que incluyen monitoreo de transacciones, análisis de riesgos y cooperación con otras entidades.
El foco de la investigación está en garantizar que el sistema financiero no sea utilizado para actividades ilícitas, reforzando la transparencia y la legalidad de las operaciones bancarias en Ecuador. La información revelada en la sesión será clave para posibles sanciones y ajustes normativos.
La Comisión de Fiscalización mantiene la reserva de los detalles presentados, mientras los legisladores evalúan el alcance de las acciones de control financiero y los riesgos asociados a delitos económicos, con el objetivo de fortalecer la supervisión del sistema bancario en el país.
