El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó en abril la compra de tres vehículos destinados a fortalecer la seguridad de su presidenta, Diana Atamaint. La adquisición, valorada en $99.400, responde a evaluaciones de riesgo realizadas por organismos de seguridad, que identifican a Atamaint como una figura con un perfil de «alto riesgo» en el contexto político y electoral del país.
La compra se ejecutó a través del mecanismo de subasta inversa electrónica, un proceso utilizado por las entidades públicas para adquirir bienes a menor costo mediante competencia entre proveedores. Según fuentes del CNE, esta medida fue tomada ante la proximidad de los comicios nacionales previstos para febrero y abril de 2025, periodos que históricamente elevan los niveles de tensión política y amenazas contra funcionarios electorales.
“El objetivo es garantizar la integridad de las autoridades electorales durante todo el proceso democrático, especialmente de su máxima representante”, señalaron desde el área administrativa del organismo. Los vehículos, cuyas características no se han detallado públicamente por razones de seguridad, serán asignados exclusivamente al equipo que resguarda a Atamaint.
La presidenta del CNE ha estado en el centro del debate político en múltiples ocasiones, siendo blanco de críticas, presiones y amenazas en distintos procesos electorales, lo que ha llevado a reforzar las medidas de protección a su alrededor. En ocasiones anteriores, Atamaint ha declarado que el ejercicio de sus funciones conlleva un alto nivel de exposición, especialmente en coyunturas de polarización.
El presupuesto destinado a esta compra ha generado reacciones mixtas entre sectores políticos y sociales. Mientras algunos respaldan la decisión por tratarse de una figura clave en la institucionalidad democrática, otros han cuestionado el gasto en un contexto de austeridad estatal.
Según registros del propio Consejo Electoral, este tipo de adquisiciones no es inusual en años preelectorales. Sin embargo, el monto y el momento han puesto el tema en la mira de la opinión pública, que sigue de cerca los movimientos del organismo de cara a las elecciones de 2025.
