El ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Juan Carlos Vega, ha informado que el proceso para cerrar el bloque 43 ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) podría extenderse entre tres y cinco años, de acuerdo con estudios preliminares. Esta declaración se realizó en una entrevista el 19 de agosto en Teleamazonas, a solo dos semanas de que expire el plazo establecido por la Corte Constitucional para cumplir con el mandato de la consulta popular del 20 de agosto de 2023. En esta consulta, la mayoría de los ecuatorianos votaron a favor de mantener el petróleo del campo ITT bajo tierra de forma indefinida.
Vega explicó que, aunque el Gobierno iniciará el proceso de cierre del campo el 31 de agosto, la operación será gradual para evitar riesgos ambientales y sociales. «Se están presentando todas las argumentaciones técnicas para asegurar un cierre seguro», aseguró Vega. Indicó que se empezaría casi de inmediato con el cierre de algunos pozos, pero que el proceso completo podría tomar entre tres y cinco años, basado en recomendaciones técnicas y medidas para mitigar riesgos ambientales.
El dictamen de la Corte Constitucional que aprobó la consulta popular, impulsada por el colectivo YASunidos, establece que el cierre debe realizarse de manera progresiva y ordenada en un plazo no mayor a un año desde la notificación de los resultados oficiales, que fueron proclamados el 31 de agosto de 2023. El 8 de mayo de 2024, el presidente Daniel Noboa creó el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular (CEVP) Yasuní-ITT, con la misión de cumplir con la decisión popular y coordinar las acciones necesarias.
Hasta ahora, el plan de acción del CEVP no ha sido publicado. El ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, confirmó el 16 de agosto que se está trabajando en el plan de salida y desmantelamiento con Petroecuador y que hay acercamientos con la Corte.
Nelson Baldeón, experto en petróleo, advirtió que el proceso de desmontaje de un campo como el ITT podría tomar hasta 20 años debido a su complejidad. Criticó la decisión de la Corte Constitucional por aprobar la consulta sin un plan técnico y económico detallado para el cierre, y expresó preocupación por las posibles repercusiones económicas y los compromisos internacionales de Ecuador.
El colectivo YASunidos ha manifestado que el Gobierno aún no ha comenzado el retiro progresivo y ordenado de las actividades en el bloque 43, como se establece en el mandato constitucional. Pedro Bermeo, vocero de YASunidos, advirtió que si el 31 de agosto solo se cierran algunos pozos en lugar de terminar completamente la extracción, se estaría incumpliendo el mandato de la Corte.
El 20 de agosto marca un año desde la consulta popular sobre la actividad petrolera en el bloque ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní. En respuesta, YASunidos planea presentar un informe con propuestas de medidas económicas a la Corte Constitucional para compensar los ingresos que el país perdería por la suspensión de actividades en el ITT, estimando una cifra de $1.775 millones anuales.
Bermeo cuestionó la falta de un cronograma, presupuesto y plan de cierre detallado hasta el momento, calificando la situación como una burla a la voluntad popular y una violación del Estado de derecho. Advirtió que si el presidente Noboa y otras autoridades no cumplen con el mandato, podrían enfrentarse a destitución por parte de la Corte.
