La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) reiteraron su llamado al Gobierno de Ecuador para establecer mecanismos de diálogo efectivos que permitan frenar posibles violaciones a los derechos humanos en el contexto del paro nacional, que ya suma 23 días de manifestaciones.
El organismo manifestó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza, tanto por parte de agentes estatales como de manifestantes, en el marco de las protestas contra el recorte del subsidio al diésel, una medida que ha generado tensiones sociales en diversas provincias.
En un comunicado oficial, la CIDH lamentó el fallecimiento del comunero quichua Efraín Fuerez, ocurrido el 28 de septiembre en Cotacachi, e instó a la Fiscalía General del Estado a realizar una investigación exhaustiva e imparcial que esclarezca las circunstancias del hecho.
De acuerdo con organizaciones sociales, las movilizaciones han dejado al menos 100 heridos, 100 detenidos, 12 personas desaparecidas y 12 procesadas por presuntos actos de terrorismo. Por su parte, el Gobierno ecuatoriano reportó ataques contra agentes estatales y la retención de 17 militares durante los enfrentamientos, además de denunciar la posible infiltración del crimen organizado en las protestas.
Frente a estas acusaciones, el Estado defendió la actuación de sus fuerzas del orden, asegurando que sus acciones se rigen por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad, y que toda denuncia de abuso es investigada conforme a los protocolos institucionales vigentes.
No obstante, organizaciones indígenas denunciaron la congelación de cuentas bancarias de diez líderes comunitarios y la apertura de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito contra 50 personas. La CIDH advirtió que estas medidas podrían implicar un uso indebido de la Ley de Transparencia Social, lo que podría obstaculizar la labor legítima de los movimientos sociales y vulnerar derechos fundamentales.
Por su parte, la RELE reportó 21 agresiones a periodistas y trabajadoras de medios de comunicación, atribuidas tanto a manifestantes como a fuerzas de seguridad. Además, alertó sobre la suspensión por 15 días del canal comunitario indígena TV MICC, ordenada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel). El organismo advirtió que estas acciones pueden generar un “efecto inhibitorio” en el ejercicio de la libertad de prensa y limitar el derecho ciudadano a estar informado.
La CIDH subrayó que la protesta pacífica es un pilar esencial de la democracia, y recordó que el uso de la fuerza debe ser una medida excepcional, sujeta a rendición de cuentas y sin el uso de armas de fuego. Además, enfatizó que la violencia de grupos aislados no puede justificar la represión o restricción de derechos a quienes ejercen la manifestación de manera pacífica.
Finalmente, la organización hizo un llamado urgente al Gobierno ecuatoriano para impulsar un diálogo inclusivo, intercultural y genuino con los sectores sociales e indígenas, con el fin de atender sus demandas y resolver los conflictos mediante vías democráticas y pacíficas.
La CIDH, organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recordó que su mandato es promover y proteger los derechos humanos en la región, y que sus siete comisionados actúan con independencia, sin representar a sus países de origen.
