Chile se prepara para vivir este domingo 16 de noviembre un proceso electoral histórico. Por primera vez, el voto será obligatorio para los 15,6 millones de ciudadanos habilitados, en unas elecciones presidenciales y parlamentarias que prometen modificar el panorama político nacional. La medida, que impone sanciones económicas a quienes no voten sin justificación válida ante la Policía, busca revertir la baja participación registrada en los últimos comicios.
Según estimaciones de expertos, el cambio podría duplicar la asistencia respecto a la primera vuelta presidencial de 2021. Se espera que un gran número de votantes que antes se mantenían al margen —por desinterés o desconfianza— acudan esta vez a las urnas, lo que introduce un alto grado de incertidumbre en los resultados. Desde el “estallido social” de 2019, Chile ha atravesado 13 procesos electorales, en un contexto de creciente polarización y desafección política.
El único antecedente reciente de voto obligatorio con censo automático se remonta a los referéndums constitucionales de 2022 y 2023. En ambos casos, la ciudadanía rechazó las propuestas de nueva Carta Magna derivadas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989). Los resultados confirmaron el ascenso de la ultraderecha, una tendencia que ahora podría consolidarse en las urnas.
Las únicas excepciones al voto obligatorio se aplican a quienes acrediten discapacidad, enfermedad, ausencia del país, residencia a más de 200 kilómetros del centro de votación, o participación activa en el proceso electoral.
Tres grupos bajo la lupa: jóvenes, migrantes y apolíticos
La incógnita sobre el impacto del voto obligatorio se centra en tres segmentos del electorado: los jóvenes, los migrantes y la población tradicionalmente apolítica. Según el politólogo Kenneth Bunker, de la Universidad Académica San Sebastián, “las personas que no están politizadas tienden a optar por candidatos de centro. Los aspirantes que logren ubicarse en esa franja podrían atraer a los indecisos”.
Sin embargo, Bunker advierte que los jóvenes suelen distanciarse del votante promedio por su inclinación menos centrista. Este comportamiento podría beneficiar tanto a las fuerzas de derecha como a las más radicales. Entre los nombres más relevantes figuran Johannes Káiser, del Partido Nacional Libertario; José Antonio Kast, del Partido Republicano; y Evelyn Matthei, representante de la derecha tradicional y exministra, hija de un general de la Junta Militar.
En el otro extremo político, la exministra Janette Jara lidera la coalición progresista y se perfila como la candidata más fuerte de la izquierda, sin contendores significativos dentro de su sector. “Káiser destaca por su discurso diferente y por utilizar canales modernos de comunicación. Su autenticidad y novedad podrían atraer a votantes jóvenes”, sostiene Bunker.
El voto migrante, un nuevo factor determinante
El fenómeno migratorio también juega un papel clave. Chile ha recibido un gran número de extranjeros, principalmente de Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia. En los últimos cinco años, la población venezolana se ha multiplicado tras la política de acogida implementada por el expresidente Sebastián Piñera.
La postura de los migrantes podría inclinar la balanza electoral. Mientras la derecha asocia la migración con el aumento de la inseguridad y promueve políticas de control fronterizo, muchos inmigrantes se debaten entre votar por convicción ideológica o por pragmatismo económico. “El voto migrante será racional. Muchos buscarán estabilidad y seguridad, optando por quien ofrezca garantías de bienestar”, explica Bunker.
En un escenario sin precedentes, Chile enfrenta unas elecciones en las que más de la mitad de los votantes ejercerá su derecho —y deber— por primera vez bajo un régimen de obligatoriedad. La participación masiva podría redefinir el mapa político nacional y marcar un antes y un después en la historia democrática del país.
