El Gobierno dio a conocer este martes 28 de octubre el primer desembolso de $2,6 millones en incentivos productivos destinados a transportistas comerciales, según informó el Ministerio de Infraestructura y Transporte mediante un comunicado oficial. Este primer pago beneficia a 10.025 conductores, incluidos aquellos que operan carga pesada, transporte escolar, institucional y mixto (carga y pasajeros).
Estos incentivos se entregan como parte de la reforma al precio del diésel automotriz, que ajustó la tarifa del combustible desde el pasado 13 de septiembre. La nueva tarifa de $2,80 por galón representa un aumento de $1,003 frente al precio previo de $1,797, tras la eliminación del subsidio estatal.
El pago se realizó de manera bancaria y presencial, a través de transferencias y ventanillas, garantizando que los transportistas puedan recibir la compensación de manera ágil y segura. Para quienes prefieran la modalidad presencial, el proceso se efectúa siguiendo el último dígito de la cédula en ventanillas del Banco del Pacífico, BanEcuador y entidades financieras aliadas a Banred a nivel nacional.
El Ministerio de Infraestructura y Transporte señaló que este primer desembolso es solo el inicio, ya que el número de beneficiarios continuará creciendo conforme los propietarios de vehículos se registren en el portal oficial del Ministerio. Actualmente, el Gobierno ha identificado 53.336 vehículos de transporte comercial, por lo que se proyecta que la cifra de beneficiados podría superar los 53.000 transportistas.
Con base en estos cálculos, la compensación mensual total podría alcanzar los $16,4 millones, y durante los tres meses contemplados por el programa, se estiman desembolsos de $49,3 millones. Esta medida busca mitigar el impacto del incremento en el precio del diésel, especialmente para quienes dependen de este combustible para el transporte de carga y personas.
Las autoridades recalcaron que el objetivo de esta iniciativa es proteger la economía de los transportistas comerciales, asegurando que los incrementos en el costo del combustible no afecten la operación de servicios esenciales como transporte escolar e institucional.
