Este jueves 6 de marzo, se instaló finalmente la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Plaga, luego de varios diferimientos y casi un año de investigaciones. En esta diligencia, el conjuez temporal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Édison Cantos, examina las posibles irregularidades en el proceso judicial que involucra a 14 personas acusadas de delincuencia organizada.
El caso, que originalmente involucraba a 31 personas, surgió como una investigación sobre una presunta organización criminal que operaba ilegalmente para otorgar acciones constitucionales a individuos sentenciados por graves delitos, como abuso sexual, robo con muerte, entre otros. Estas personas habrían sido beneficiadas injustamente, utilizando procedimientos irregulares para su liberación. Tras varios acuerdos y sentencias abreviadas, 15 personas han sido sentenciadas, dos han recibido abstentivos, y las 14 restantes siguen siendo procesadas.
La audiencia se había programado inicialmente para las 10:00 a.m., pero debido a un procedimiento abreviado solicitado por el abogado del procesado José Daniel Tenempaguay, se suspendió hasta la tarde de ese mismo día. Tras llegar a un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía, Tenempaguay fue sentenciado a 44 meses de prisión. Este acuerdo facilitó la reanudación de la audiencia para revisar los vicios procesales en el caso.
El conjuez Cantos abrió la diligencia pidiendo a las defensas de los procesados que presenten argumentos sobre posibles vicios que puedan anular todo lo actuado en el proceso. La defensa de cada uno de los procesados tuvo diez minutos para presentar sus alegaciones sobre la competencia, la procedibilidad y los procedimientos del caso.
Uno de los primeros en intervenir fue el abogado de Adriana Carolina S. C., quien alegó que existían vicios en el procedimiento, solicitando la nulidad de la terminación de la instrucción fiscal para que una perito termine su trabajo inconcluso. Por su parte, Santiago Hernández, defensor del exjuez de Manabí Banny Molina, argumentó que se estaba juzgando a su cliente por hechos que ya habían sido juzgados previamente, específicamente en relación con el habeas corpus que favoreció al exvicepresidente Jorge Glas y al empresario Daniel Salcedo. Hernández pidió la nulidad del proceso, basándose en el principio de «no doble juzgamiento».
Asimismo, las defensas de otros procesados, como Bryan Guillermo P. Z., Christian R., Danny O. Sh., Galo L., Gary Fabricio P. y Hugo Marcelo A., también presentaron sus intervenciones. De estos, tres prefirieron no presentar vicios procesales y solicitaron avanzar al debate de la acusación presentada por la Fiscalía.
Jhonathan A. Sh., uno de los procesados, intervino personalmente en la audiencia, argumentando que existía un vicio de competencia y solicitando que el conjuez Cantos se abstuviera de conocer el caso. Una parte significativa de los implicados en el proceso, incluyendo los abogados y defensores públicos, asistieron a la audiencia de manera telemática, dada la complejidad y el volumen del caso.
Este caso sigue siendo de gran relevancia por el nivel de implicación de exfuncionarios y personas vinculadas a organizaciones criminales, y por el posible desfalco de recursos destinados a la reconstrucción y reactivación productiva del país. La Fiscalía sostiene que estos recursos fueron desviados de manera ilegal, afectando gravemente a las personas que realmente necesitaban asistencia tras los desastres naturales ocurridos en Ecuador.
A medida que avanza la audiencia, los próximos días serán clave para determinar si se continúan las acusaciones y se define quiénes serán llamados a juicio por su presunta participación en esta red criminal.
