En el marco de la investigación del caso Plaga, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Édison Cantos, decidió llamar a juicio a Banny Molina, exjuez de Portoviejo, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada. Molina, quien emitió sentencias de «habeas corpus» a favor de los procesados Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, y Daniel Salcedo, está acusado de colaborar con una organización criminal operante en Manabí.
El caso Plaga ha revelado una red de corrupción judicial que permitió la liberación de varios miembros de esta estructura delictiva. Según las investigaciones, Banny Molina utilizó su posición como juez para facilitar la liberación de personas privadas de libertad mediante el uso indebido de procedimientos legales, en particular el «habeas corpus». Estos actos habrían sido realizados a cambio de pagos, los cuales, según la Fiscalía, fueron canalizados a través de familiares de Molina, incluidos sus hermanos, y mediante transacciones financieras con otros individuos involucrados en el caso.
Vinculación con Jorge Glas y Daniel Salcedo
La investigación apunta a que los favorecidos por las decisiones judiciales de Molina no solo fueron miembros menores de la organización, sino también figuras de alto perfil como Jorge Glas y Daniel Salcedo, ambos vinculados a casos de corrupción. Glas, quien fue vicepresidente de Ecuador, y Salcedo, un exfuncionario del gobierno de Rafael Correa, habrían sido beneficiados por estas acciones, las cuales les permitieron evadir la justicia durante un tiempo.
El «habeas corpus» otorgado a Glas y Salcedo es considerado uno de los episodios más significativos dentro de las acusaciones de corrupción que pesan sobre ellos. La Fiscalía sostiene que la colaboración de Molina con estos individuos formó parte de una estrategia más amplia de apoyo judicial a los líderes del «grupo criminal» que está siendo investigado en el caso Plaga.
Detalles de la resolución del conjuez Édison Cantos
El conjuez Édison Cantos, encargado de dar la resolución oral, explicó que existen suficientes elementos de convicción que permiten suponer que Molina facilitó las actividades delictivas de la organización criminal. La Fiscalía ha presentado pruebas que sugieren que Molina no solo emitió decisiones judiciales favorables a los implicados, sino que también recibió compensaciones por ello. El pago de estos servicios se habría realizado mediante transacciones financieras que involucraron a familiares cercanos al exjuez, lo que refuerza la hipótesis de su participación activa en la red de corrupción.
Cantos destacó que las acciones de Molina tienen un impacto directo sobre el sistema judicial y la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad de la justicia. La revelación de estos hechos ha generado un fuerte rechazo en la opinión pública, especialmente debido a la implicación de figuras políticas de alto rango y funcionarios públicos que han estado en el centro de varios escándalos de corrupción en Ecuador.
Un caso que sigue sorprendiendo
El caso Plaga ha destapado una red compleja de corrupción que involucra a varios actores dentro del sistema judicial ecuatoriano, y el llamado a juicio de Banny Molina es solo una de las piezas clave en una investigación que sigue en curso. A medida que se conocen más detalles, la Fiscalía continúa presentando pruebas que vinculan a diversos individuos con esta estructura criminal, lo que podría tener repercusiones significativas en la política y la justicia de Ecuador.
Este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de reformas en el sistema judicial para garantizar que tales actos de corrupción no sigan socavando la confianza pública ni permitan que los culpables evadan la justicia mediante tácticas fraudulentas.
