La audiencia de juicio en el caso Metástasis ha sido suspendida para nueve procesados, quienes no asistirán a la sesión que se inició recientemente en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito. Este caso investiga la delincuencia organizada que presuntamente favoreció al fallecido narcotraficante Leandro Norero, facilitando decisiones judiciales y condiciones penitenciarias benéficas.
El 7 de octubre, el juez nacional Manuel Cabrera convocó a juicio a un total de 30 personas, clasificando a cuatro como líderes de la red criminal y al resto como colaboradores. En ese momento, se decidió suspender la etapa de juzgamiento para siete acusados que se encuentran prófugos, los cuales son:
- Ronny Aleaga, exlegislador
- Fabián C.
- Cristian R.
- Xavier J.
- Marcel L.
- Ángel L.
- Jairo V.
A este grupo se unió recientemente Armando Flor, quien se inscribió como candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), lista 4. Flor ha solicitado la suspensión de su juicio hasta que se anuncien los resultados de las elecciones generales de 2025, solicitud que fue aceptada por el Tribunal de Juicio, que incluye a los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Pablo Loayza.
La situación es delicada, ya que el delito de delincuencia organizada no se puede juzgar en ausencia. Por lo tanto, se deberá esperar a que los ocho acusados prófugos se entreguen para que se reanuden los procesos judiciales. En el caso de Armando Flor, su juicio se mantendrá en pausa hasta los resultados electorales, ya que no está en condición de prófugo.
De acuerdo con el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), aquellos que conformen un grupo estructurado con el fin de cometer delitos graves, como los que se investigan en el caso Metástasis, enfrentarán penas privativas de libertad que oscilan entre siete y diez años. Los colaboradores de esta organización podrían ser condenados a penas de entre cinco y siete años.
La complejidad de este caso refleja no solo la estructura criminal que operaba en favor de Norero, sino también las implicaciones legales que enfrentan los acusados y la necesidad de un sistema judicial que funcione de manera efectiva y sin interferencias.
