El caso Liga2, que investiga una presunta red de asociación ilícita, sigue escalando dentro del ámbito judicial y político del país. La Fiscalía General del Estado ha solicitado formalmente la vinculación de tres figuras clave: Andrés Arauz, actual secretario del movimiento Revolución Ciudadana; la exasambleísta Esther Cuesta; y Raúl González Carrión, designado en 2022 como superintendente de Bancos, aunque su nombramiento fue anulado posteriormente por la justicia.
La jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, todavía no ha fijado fecha ni hora para la audiencia de formulación de cargos. Esta diligencia busca ampliar el proceso legal en contra de los implicados, dentro del marco de la investigación por presunta asociación ilícita.
La solicitud fue una de las últimas acciones impulsadas por Diana Salazar Méndez antes de oficializar su salida del cargo de fiscal general del Estado. En su pedido a la Corte, Salazar planteó que existen elementos que ameritan que Arauz, Cuesta y González sean incluidos formalmente en el expediente de investigación penal que se sigue por el caso Liga2.
Raúl González, uno de los nombres señalados, fue protagonista en un episodio polémico durante el gobierno de Guillermo Lasso. Aunque fue nombrado superintendente de Bancos, su designación fue anulada mediante una acción de protección. El proceso estuvo marcado por tensiones políticas y cuestionamientos sobre la transparencia del concurso que lo eligió.
En cuanto a Andrés Arauz, es conocido por haber sido candidato presidencial en 2021 y por su cercanía con el expresidente Rafael Correa. Actualmente ocupa el rol de secretario ejecutivo de Revolución Ciudadana, lo que lo convierte en una de las figuras visibles del correísmo. Por su parte, Esther Cuesta también es una reconocida exlegisladora del mismo movimiento político.
El caso Liga2 forma parte de una serie de investigaciones de alto perfil lideradas por la Fiscalía que involucran presuntos actos de corrupción y manejo irregular en instituciones clave del Estado. Este proceso podría tener importantes implicaciones políticas y judiciales, especialmente en el contexto de una Asamblea Nacional y un Ejecutivo enfrentados por el control institucional.
