La audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del denominado caso Liga2 se encuentra en su etapa final, luego de que las defensas técnicas de siete investigados por el presunto delito de asociación ilícita presentaran sus argumentos frente a la acusación de la Fiscalía General del Estado.
La diligencia fue reinstalada este martes 24 de marzo por la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, quien dirige el proceso y deberá resolver la situación jurídica de los implicados.
Hasta el cierre de la audiencia, las partes procesales continuaban con la presentación de solicitudes de exclusión de pruebas, paso previo a la decisión judicial sobre si existen elementos suficientes para avanzar a juicio o si corresponde dictar sobreseimientos.
Procesados y acusaciones
La investigación, impulsada por la Fiscalía General del Estado, solicita el llamamiento a juicio como autores directos de varios actores políticos, entre ellos los exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social:
- Augusto Verduga
- Yadira Saltos
- Eduardo Franco Loor
También figuran:
- Andrés Arauz, excandidato presidencial
- Esther Cuesta, exasambleísta
- Raúl González, exsuperintendente de Bancos
- Nicole Bonifaz, actual consejera del CPCCS
La Fiscalía sostiene que los procesados habrían participado en la planificación de una estrategia para influir y controlar instituciones del Estado, como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura, con el objetivo de favorecer al movimiento político Revolución Ciudadana.
Argumentos de la defensa
Durante la jornada, las defensas de Raúl González y Esther Cuesta rechazaron las acusaciones y solicitaron a la jueza su sobreseimiento, argumentando que no existen elementos que prueben la comisión de delitos contra la administración pública.
El proceso también cuenta con la participación del Consejo de Participación Ciudadana como acusador particular, que ha solicitado el llamamiento a juicio no solo por asociación ilícita, sino también por presunto tráfico de influencias y oferta de tráfico de influencias.
Origen del caso y próximos pasos
El caso se originó a partir de una denuncia presentada por Roberto Romero Von Buchwald, actual titular de la Superintendencia de Bancos, en medio de una disputa institucional con Raúl González.
La investigación fue abierta en marzo de 2025 y se sustenta, entre otros elementos, en información obtenida de dispositivos móviles incautados, donde se evidenciarían supuestas coordinaciones para influir en decisiones de la institucionalidad pública y procesos electorales.
Con la fase de exposición de argumentos prácticamente concluida, la jueza Daniella Camacho deberá emitir su resolución, que podría derivar en el auto de llamamiento a juicio o en el sobreseimiento de los procesados, marcando un punto clave en este proceso judicial de alto perfil.
Según el Código Orgánico Integral Penal, el delito de asociación ilícita contempla penas de entre tres y cinco años de prisión para quienes se asocien con el fin de cometer delito
