El proceso judicial contra el exconsejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, se intensifica. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) ha notificado a Interpol sobre la solicitud de emisión de una notificación roja en su contra, con el objetivo de facilitar su localización y captura internacional. Esta medida llega después de que la jueza Daniella Camacho, a cargo del caso Liga2, dictara prisión preventiva para Verduga al constatar su salida irregular del país y el incumplimiento de medidas cautelares.
La orden fue formalizada el miércoles 7 de mayo por Marco Ninabanda, secretario relator de la Sala Penal de la CNJ, quien envió el oficio a Interpol, adjuntando la boleta de captura emitida contra Verduga. El documento incluye detalles de la audiencia realizada el 6 de mayo, donde la jueza sustituyó la presentación periódica por prisión preventiva, al considerar que existe un claro riesgo procesal.
Desde el 15 de marzo, la Fiscalía lleva adelante una instrucción fiscal por el delito de asociación ilícita contra Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz, los tres primeros exconsejeros del CPCCS y miembros de la llamada “Liga Azul”, vinculada al correísmo. Según la Fiscalía, los implicados idearon una estrategia para copar instituciones clave del Estado en beneficio de la Revolución Ciudadana, como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura.
La acusación se basa en evidencia obtenida durante allanamientos, incluyendo análisis forenses de computadoras, transcripciones de mensajes de WhatsApp, Telegram y Signal, además de documentos oficiales del CPCCS y la Asamblea Nacional. El expediente del caso Liga2 ya suma 21.800 fojas y 109 cuerpos, lo que refleja la magnitud de las indagaciones.
Uno de los elementos clave fue el hallazgo de chats grupales bajo pseudónimos en aplicaciones como Wire, en los que los implicados habrían coordinado movimientos internos. Estos chats, titulados “Buró 2.0”, “Apoyándose” y “Jiujitsu”, revelan presunta intención de influenciar en procesos de designación de autoridades.
Augusto Verduga, quien salió del país el 27 de enero por la frontera con Colombia, no cumplió con las presentaciones periódicas ante la Corte Nacional, lo que motivó a la fiscal Diana Salazar a solicitar el cambio de medida cautelar. Posteriormente se supo que Verduga, junto a su esposa e hijos, solicitó refugio en México alegando persecución política. Las autoridades mexicanas ya les otorgaron dicho estatus.
Durante la audiencia, la defensa de Verduga argumentó que regresar al país supondría un alto riesgo para su vida, según informes tanto de la Policía Nacional como de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Sin embargo, la jueza Camacho sostuvo que el estatus de refugiado no impide la acción penal en su contra, especialmente al evidenciarse que el propio procesado incumplió las medidas cautelares impuestas.
Finalmente, queda en manos de Interpol analizar la solicitud de alerta roja. Si se aprueba, esta será publicada en la plataforma segura del organismo, permitiendo a las autoridades de los países miembros detener provisionalmente al requerido con fines de extradición.
