La audiencia preparatoria de juicio del denominado caso Liga2 avanzó este lunes 23 de marzo de 2026 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) con la participación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como acusador particular y con el inicio de los alegatos de defensa de los siete procesados investigados por presuntos delitos contra la Administración pública.
La diligencia fue reinstalada por la jueza Daniella Camacho, dentro de un proceso impulsado por la Fiscalía General del Estado, que investiga un supuesto entramado relacionado con tráfico de influencias, asociación ilícita y oferta de tráfico de influencias.
El caso tiene su origen en las disputas entre vocales y exvocales del CPCCS por la designación y posesión del titular de la Superintendencia de Bancos, en un contexto de tensiones políticas que se extendió entre 2023 y 2024.
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, se habría articulado una estrategia orientada a influir en el control de instituciones del Estado y favorecer al movimiento político Revolución Ciudadana (RC) mediante decisiones relacionadas con la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura y otros organismos públicos.
Entre los procesados constan los exintegrantes del CPCCS vinculados a la llamada Liga Azul: Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor. También figuran el excandidato presidencial Andrés Arauz, la exasambleísta Esther Cuesta, Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022, y la actual vocal del CPCCS Nicole Bonifaz.
Durante la jornada anterior, el fiscal subrogante Leonardo Alarcón presentó su dictamen acusatorio, en el que identificó tres escenarios de presunta actuación irregular: el ámbito de la justicia electoral, la designación de vocales del Consejo de la Judicatura y el proceso de nombramiento del titular de la Superintendencia de Bancos.
Este lunes, la audiencia se reinstaló pocos minutos después de las 10:00 con la intervención de la defensa técnica del CPCCS, representada por Luis Zurita Quishpe. Durante cerca de dos horas, el funcionario expuso los argumentos del organismo, señalando que los siete procesados habrían conformado una estructura para afectar la Administración pública y ejecutar un supuesto “concierto de voluntades” con el objetivo de dirigir la selección de autoridades de control.
En su exposición, Zurita sostuvo que existió una planificación para remover de sus cargos a los consejeros Andrés Fantoni y Johanna Verdezoto, entonces presidente y vicepresidenta del CPCCS, como parte de una estrategia política dentro del organismo.
El acusador particular también individualizó supuestos roles dentro de la trama investigada. En el caso de Eduardo Franco Loor, sostuvo que mostró un “desprecio manifiesto” por el ordenamiento jurídico. Sobre Yadira Saltos, indicó que habría actuado con una ambición orientada a obtener un beneficio inmediato.
Respecto de Nicole Bonifaz, el CPCCS argumentó que tuvo una participación necesaria dentro del esquema y que no desempeñó un papel periférico, sino que se habría adherido a las decisiones impulsadas por la denominada Liga Azul.
En cuanto a Andrés Arauz, el organismo lo señaló como un nexo estratégico dentro de una supuesta operación de presión contra jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y como uno de los articuladores de una estrategia que, según la acusación, afectó la institucionalidad del país.
Asimismo, se indicó que Esther Cuesta, en su calidad de presidenta encargada de la Asamblea Nacional, habría ejecutado acciones orientadas a retrasar la posesión de Roberto Romero von Buchwald como titular de la Superintendencia de Bancos. En tanto, Raúl González fue mencionado como el presunto beneficiario de estos hechos.
El CPCCS respaldó los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y solicitó que, en caso de que se dicte auto de llamamiento a juicio, se convoque a los mismos testigos y se incorpore la prueba documental ya anunciada en el proceso.
Tras esa intervención, la audiencia continuó con los alegatos de las defensas técnicas de los procesados, a quienes la jueza Camacho concedió un tiempo de 30 minutos para cada exposición.
La primera en intervenir fue Marcela Estrella, abogada de Nicole Bonifaz, quien sostuvo que las discrepancias internas, las alianzas y la formación de mayorías dentro del pleno del CPCCS no son hechos inéditos, sino prácticas políticas recurrentes en el organismo, especialmente durante los procesos de designación de autoridades.
La defensora cuestionó la teoría del caso planteada por la Fiscalía y afirmó que existe una falta de pertinencia estructural en la acusación. Añadió que los chats de telefonía celular, considerados como uno de los principales soportes de la investigación, no incluyen a Bonifaz como participante directa en las conversaciones.
Según Estrella, no existe un solo mensaje en el que se pueda atribuir a su defendida una función de dirección o coordinación. Por el contrario, afirmó que en varios de esos intercambios hay referencias críticas y ofensivas hacia Bonifaz, lo que a su criterio demostraría que no estaba alineada con las decisiones que se le atribuyen.
La audiencia estaba prevista para continuar en horas de la tarde con la presentación de los argumentos de las demás defensas, dentro de una etapa clave para definir si el proceso avanza o no hacia el juicio
