El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció el inicio de una nueva fase en la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, que incluirá operaciones conjuntas con países aliados de la región, entre ellos Estados Unidos. Según detalló el mandatario, estas acciones se desarrollarán durante marzo y marcarán un refuerzo en la estrategia de seguridad nacional frente al avance del crimen organizado transnacional.
El anuncio se produjo luego de una reunión en el Palacio de Carondelet con el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Francis L. Donovan, y el jefe del Comando de Operaciones Especiales Sur, Mark A. Schafer. En el encuentro se revisaron mecanismos de coordinación técnica e institucional enfocados en fortalecer la seguridad hemisférica, así como en combatir estructuras vinculadas al narcotráfico y al financiamiento ilícito.
Entre los puntos abordados constan el intercambio de información estratégica y la articulación de acciones en aeropuertos y terminales portuarias, considerados puntos críticos para el tráfico de drogas, armas y explosivos. La cooperación incluiría vigilancia marítima en el Pacífico, análisis de redes de lavado de activos y lo que el Ejecutivo ha denominado “operaciones conjuntas focalizadas” en zonas estratégicas.
Expertos en seguridad advierten que el debate central no gira únicamente en torno al anuncio político, sino al alcance real de la participación extranjera en territorio ecuatoriano. Subrayan que cualquier intervención debe estar claramente delimitada por el marco jurídico nacional, garantizando la soberanía y el respeto a los derechos humanos, especialmente tras el antecedente del rechazo ciudadano, en 2025, a la instalación de bases militares internacionales en el país.
En el plano interno, la ofensiva coincide con la disposición de toque de queda en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, vigente del 15 al 30 de marzo. Analistas señalan que, si las operaciones conjuntas se ejecutan dentro de estas provincias, el contexto operativo será de alta complejidad debido a los elevados índices de violencia y a la presencia de estructuras criminales consolidadas.
Desde una perspectiva regional, especialistas consideran que la decisión del Gobierno responde a una lógica de seguridad compartida. Las amenazas que enfrenta Ecuador no actúan de forma aislada, sino que operan en redes transnacionales que atraviesan fronteras. En ese sentido, la cooperación internacional —incluida la de Estados Unidos— apunta a fortalecer la interoperabilidad, el intercambio de inteligencia y la capacidad de interdicción marítima y aérea.
No obstante, el reto para la administración de Daniel Noboa será equilibrar la urgencia de resultados en materia de seguridad con el cumplimiento estricto de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad que rigen en estados de excepción. La claridad normativa y la definición precisa de competencias serán claves para evitar ambigüedades sobre el uso de la fuerza y las responsabilidades en una estrategia que podría redefinir el rol de Ecuador en el esquema de seguridad hemisférica.
