El pasado 3 de junio, un incidente en el barrio Tahuantinsuyo Pujiliense, en la provincia de Cotopaxi, desató una intensa confrontación entre la prefecta Lourdes Tibán y la exasambleísta Gissella Molina. El hecho, que involucró agresiones físicas y acusaciones públicas, ha escalado a un enfrentamiento judicial y político.
Acusaciones de agresión y amenazas
Gissella Molina, exasambleísta por agrupaciones como el PSC, Construye y Pachakutik, denunció haber sido agredida físicamente por un grupo de personas que la rodearon y la golpearon mientras le gritaban frases intimidantes. Según su testimonio, los atacantes afirmaban tener autorización de la prefecta de Cotopaxi: “¡Lárgate! Nosotros tenemos permiso de la prefecta de Cotopaxi: que no le jodas; que de una vez te desaparezcamos, montuvia. Nos has hecho la vida imposible”.
En respuesta, Lourdes Tibán presentó una denuncia ante la Fiscalía de Pujilí por paralización de un servicio público. La prefecta aseguró que el conflicto se originó por la falta de autorización para la extracción de material pétreo en terrenos de la Prefectura. Aclaró, además, que en el momento del altercado ella se encontraba participando en una reunión del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador (CONGOPE).
Choque previo: corrupción y denuncias cruzadas
El incidente del 3 de junio no fue el primer roce entre ambas figuras políticas. En febrero de 2025, Gissella Molina acusó públicamente a la Prefectura de Cotopaxi de mantener vínculos con redes delictivas y contratos irregulares. Señaló que la administración de Lourdes Tibán continuaba prácticas de corrupción heredadas de gestiones anteriores y afirmó tener pruebas para sustentar sus señalamientos.
Lourdes Tibán respondió con contundencia, anunciando que emprendería acciones legales por injurias. En un video difundido en redes sociales, expresó: “Ya me colmaste la paciencia, mama lucha. Hoy sí has tocado lo que más amo en esta vida, has topado a mis hijos”. Además, exigió que Molina presentara las supuestas pruebas de corrupción.
Denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral
La confrontación se intensificó en abril de 2025, cuando Gissella Molina interpuso dos denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Una fue por violencia política de género, alegando que Tibán realizó comentarios despectivos hacia la comunidad montuvia. La segunda denuncia se centró en el presunto uso de recursos públicos en campaña electoral a favor de Álex Toapanta, asambleísta por Pachakutik.
Por su parte, Lourdes Tibán ha negado estas acusaciones, defendiendo la transparencia en la gestión pública de la Prefectura. Sostuvo que todos los contratos y procesos administrativos están debidamente regulados y abiertos al escrutinio legal.
Contexto político y repercusiones
El conflicto entre Tibán y Molina ha generado un ambiente de tensión en la política de Cotopaxi. Las acusaciones de corrupción, agresiones físicas, violencia política de género y uso indebido de recursos públicos colocan a ambas figuras en el centro de una batalla judicial y mediática con posibles consecuencias para sus respectivas carreras.
Mientras la comunidad observa con atención el desarrollo de estos casos, las instituciones judiciales deberán resolver un conflicto que pone en tela de juicio la integridad política y administrativa en la provincia.
