Más de una década después de la desaparición del joven David Romo, ocurrida en mayo de 2013, el caso sigue sin una resolución definitiva. Este 28 de mayo de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado oficial para reiterar que la investigación continúa abierta y que el expediente no puede cerrarse legalmente hasta que se esclarezcan los hechos.
“El caso David Romo no se ha cerrado”, declaró enfáticamente la FGE, destacando que el proceso judicial seguirá su curso mientras no haya una ubicación oficial de la víctima o una imputación basada en pruebas sólidas.
La lucha de una madre por justicia
Desde la desaparición de su hijo, Alexandra Córdova, madre del joven universitario, ha liderado una incansable lucha para obtener respuestas. Pese a haber presentado varias denuncias desde 2013, las diligencias formales no comenzaron hasta el 2 de octubre de 2018, cuando la Fiscalía procedió con la recuperación del contenido del teléfono celular de David Romo, entre otras medidas.
Uno de los principales obstáculos en la investigación fue la reserva de datos impuesta en mayo de 2015, lo que retrasó la revisión de información clave para el caso.
Fundamento legal para mantener la investigación abierta
La Fiscalía basa su decisión de continuar con el proceso en el artículo 581.3 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual estipula que un caso de desaparición no puede ser cerrado hasta que la persona desaparecida sea encontrada o se cuente con suficientes elementos para formular cargos formales.
Este fundamento legal impide que se dé por terminado el caso, reforzando el compromiso de las autoridades con la búsqueda de verdad y justicia para las familias de desaparecidos en Ecuador.
Contexto del caso David Romo
David Romo, estudiante universitario, fue visto por última vez en la noche del 16 de mayo de 2013, cuando se dirigía a su casa tras salir de clases. Desde entonces, no se ha conocido su paradero. Su caso ha sido ampliamente cubierto por los medios y es uno de los más emblemáticos sobre desapariciones en el país.
A pesar del tiempo transcurrido, su familia, organizaciones sociales y colectivos por los derechos humanos continúan exigiendo avances concretos en la investigación.
