El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador no logró aprobar el informe presentado por la comisión ocasional que investigó la muerte de la subteniente Aidita Ati Gavilánez, fallecida el 29 de junio de 2024 en un recinto militar en Napo. El documento, que señalaba graves fallas institucionales y recomendaba juicios políticos a tres altos funcionarios, no obtuvo el respaldo necesario para ser adoptado oficialmente.
El caso: una muerte bajo custodia del Estado
Aidita Ati, subteniente del Ejército, murió mientras se encontraba en servicio activo y bajo custodia estatal. Su deceso en una instalación militar activó automáticamente la presunción de responsabilidad del Estado ecuatoriano. Según el informe elaborado por la comisión ocasional por la verdad, justicia y reparación, creada en agosto de 2024, existen indicios de vulneración de derechos fundamentales y omisiones graves por parte de diversas instituciones.
El informe concluye que las Fuerzas Armadas, junto a entidades como el Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y la Fiscalía General del Estado, no actuaron con la diligencia debida ni garantizaron medidas efectivas de protección, reparación y esclarecimiento.
Falta de votos y bloqueos políticos
La votación se llevó a cabo en la sesión No. 1020 del Pleno, convocada a ocho días del fin del actual período legislativo. La moción, presentada por la presidenta de la comisión, la asambleísta Patricia Núñez (Revolución Ciudadana), alcanzó apenas 49 votos a favor, frente a 58 abstenciones y 1 voto en contra.
El apoyo vino principalmente de las bancadas de la Revolución Ciudadana y Pachakutik. Sin embargo, la abstención de bloques como Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC), Construye e independientes impidió la aprobación del informe, lo que llevó a la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, a suspender la sesión.
Recomendaciones clave: tres juicios políticos
El informe contenía recomendaciones contundentes. Propuso el inicio de juicios políticos en contra de:
- Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, por no implementar protocolos eficaces de prevención en las Fuerzas Armadas.
- Ariana María Tanca Maquiavelo, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, por omitir su rol en la protección de la familia de la víctima y en la promoción de medidas de reparación simbólica.
- Diana Salazar, Fiscal General del Estado, por archivar el caso sin agotar todas las líneas de investigación, contraviniendo principios de debida diligencia y perpetuando la impunidad.
Además, se señaló la falta de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad estatal, una omisión que contradice estándares internacionales de derechos humanos, especialmente los establecidos por la Corte Interamericana.
Un informe simbólico, pero sin efecto legal
Aunque el informe no fue aprobado, su contenido sigue generando presión política y social. La falta de voluntad para debatir responsabilidades de alto nivel revela una resistencia estructural a enfrentar los errores del Estado en contextos de violencia institucional.
