Guayaquil, Ecuador – En un movimiento legislativo trascendental, la Asamblea Nacional ha dado luz verde en segundo debate al proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, una normativa urgente y fundamental para la lucha contra la economía criminal ligada al conflicto interno que azota al país. El punto más sobresaliente de esta nueva legislación es la eliminación de la controvertida tabla de consumo de drogas, reemplazándola por nuevos “parámetros” para diferenciar a consumidores de traficantes.
La derogación de la tabla, que se estableció en 2013 durante el gobierno de Rafael Correa para diferenciar a los usuarios de los expendedores de sustancias ilícitas, fue una disposición clave del presidente Daniel Noboa en noviembre de 2023, a través de la resolución 001-CONSEP-CD-2013 y sus reformas. Esta decisión ya generó un intenso debate en su momento, pero ahora, con la aprobación de la Ley de Solidaridad, se formaliza el cambio en el cuerpo legal.
Expertos en derecho penal y política de drogas están realizando diversas observaciones sobre los nuevos “parámetros” de tenencia y el rol de las entidades en la aplicación de esta ley. La principal incógnita radica en cómo se definirá y aplicará la diferenciación sin la referencia de los gramajes. Se espera que los nuevos criterios incluyan factores como la intención de venta, la posesión de armas, la cantidad de droga en relación con el contexto, la reincidencia o la existencia de estructuras criminales detrás del individuo.
Una de las regulaciones más importantes que se plantea es la sexta disposición reformatoria, que busca reformar el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este artículo es clave en la tipificación de delitos relacionados con drogas, y su modificación busca adecuar la normativa a los nuevos «parámetros» establecidos, otorgando mayor discrecionalidad a jueces y fiscales para determinar la culpabilidad por tráfico, y no por mero consumo.
El objetivo principal de esta Ley de Solidaridad Nacional es desarticular la economía criminal vinculada al conflicto interno. Al enfocarse en los grandes traficantes y las redes que financian a las bandas terroristas, la ley busca debilitar su estructura financiera y operativa. Esto implica que la justicia debería tener herramientas más precisas para perseguir a quienes se lucran del narcotráfico, sin criminalizar a quienes padecen una adicción.
La aprobación de esta ley es un reflejo de la necesidad urgente de adaptar el marco legal a la compleja realidad de seguridad que vive Ecuador. Los próximos meses serán cruciales para observar cómo se implementan estos nuevos “parámetros” y si logran el equilibrio deseado entre la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos de los consumidores.
