El asambleísta Bolívar Mieles Pinargote ha formalizado su candidatura para la reelección en Orellana, a través de la alianza Renovación PSC-PID-Amigo. Su inscripción fue presentada el 19 de septiembre, a pesar de la oposición expresada por la dirigencia del Partido Social Cristiano (PSC), que había solicitado un cambio de candidato ante las acusaciones en su contra.
Mieles enfrenta una denuncia de violación presentada en mayo de 2024 en Quito, la cual fue dirigida a la Fiscalía General del Estado, dado que él cuenta con fuero de corte. A pesar de esta grave acusación, el asambleísta optó por seguir adelante con su candidatura, inscrita en la Delegación provincial del Consejo Nacional Electoral.
La lista de candidatos incluye a Mieles como principal, seguido de Natacha Carpio Moreno como suplente. Otros candidatos de la alianza son Imelda Encarnación Maldonado con Joel Arroyo Preciado, y Kléver Vargas Guamán junto a Leonor Guamán Zambrano.
Reacciones del PSC
La directiva nacional del PSC emitió un comunicado en el que confirma la existencia de la denuncia en la Fiscalía. Ante esto, el partido pidió que se sustituyera a Mieles como candidato, advirtiendo que, de no hacerlo, no respaldarían la alianza electoral. Esta postura refleja la preocupación dentro del PSC sobre el impacto que las acusaciones pueden tener en la imagen del partido y su base electoral.
En los últimos diez meses en la Asamblea Nacional, Mieles formó parte de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), aunque fue elegido inicialmente por una coalición entre Centro Democrático-RETO y el Movimiento del Pueblo. Para las elecciones de febrero de 2025, se unió a la nueva alianza con PSC-PID-AMIGO, llevando a cabo su inscripción el 19 de septiembre.
Consideraciones Legales
De acuerdo con el artículo 108 del Código de la Democracia, las candidaturas a cargos de elección popular, una vez calificadas e inscritas, son irrenunciables. Sin embargo, el mismo artículo especifica que candidatos pueden ser excluidos si enfrentan cargos penales por delitos como violación y violencia de género. Esto abre la posibilidad de que su candidatura sea objetada en la Junta Electoral provincial, impugnada ante el Consejo Nacional Electoral, y luego apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral.
El futuro político de Mieles se encuentra en un estado de incertidumbre, mientras se desarrollan los procesos judiciales y electorales. Su decisión de postularse ha generado un intenso debate, no solo sobre la legalidad de su candidatura, sino también sobre la ética y la responsabilidad en la política ecuatoriana.
