Tras la convocatoria a un paro nacional por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), líderes de organizaciones sociales y ambientales denuncian que sus cuentas bancarias han sido bloqueadas, afectando la continuidad de sus programas de apoyo a comunidades vulnerables. La medida, vinculada a la reciente Ley de Transparencia Social, ha generado alarma entre los presidentes de grupos indígenas, sindicales y ambientalistas.
Las manifestaciones iniciadas el 22 de septiembre en protesta por la eliminación del subsidio estatal al diésel coincidieron con el inicio de los bloqueos de cuentas. Según reportan, no han recibido notificaciones oficiales ni explicaciones sobre la duración o el motivo de estas acciones. La Unión de Afectados por Texaco y la Fundación Alianza Ceibo se encuentran entre las organizaciones que han levantado la voz en las últimas horas.
Alicia Salazar, lideresa de la nacionalidad Siona y socia de la Fundación Alianza Ceibo, relató cómo este bloqueo afecta directamente la ayuda que la organización brinda a comunidades amazónicas con escasa presencia estatal. “Nos dimos cuenta el 6 de octubre de que nuestra cuenta había sido cerrada. No recibimos ninguna notificación y no sabemos por qué. Presentamos documentos al banco y solicitamos información, incluso acudimos a la Superintendencia de Bancos, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta”, explicó.
Salazar descartó que el bloqueo se deba a reportes de actividades sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). “Tenemos toda la documentación al día, cumplimos con impuestos ante el Servicio de Rentas Internas y seguimos todos los requisitos. No nos han informado sobre ningún nuevo acuerdo ministerial ni modificaciones en la ley de Áreas Protegidas”, detalló.
El impacto de estas medidas es significativo. Las actividades de educación intercultural, defensa de derechos colectivos y protección del territorio se encuentran suspendidas temporalmente. “Trabajamos apoyando a comunidades y nacionalidades. Este congelamiento nos impide realizar educación intercultural y cumplir con nuestros compromisos. Nos preocupa profundamente, porque nuestra labor suplirá parcialmente lo que debería garantizar el Estado”, añadió Salazar.
La lideresa indígena enfatizó que no existen enfrentamientos previos con el Gobierno. “Solo buscamos llevar ayuda a nuestras comunidades, especialmente en el norte de la Amazonía, donde los años de explotación petrolera han dejado graves secuelas. Esta medida nos parece ilegal e ilegítima. Necesitamos recursos para continuar con nuestras actividades planificadas”, concluyó.
La situación ha generado preocupación en distintos sectores sociales y llama la atención sobre los posibles efectos de la Ley de Transparencia Social en la operatividad de organizaciones no gubernamentales que trabajan en zonas de alta vulnerabilidad.
