Las bancadas de Construye y los legisladores independientes han establecido condiciones para su apoyo al juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. Exigen que se elimine del expediente la acusación relacionada con la irrupción en la Embajada de México en Quito, donde fue detenido el exvicepresidente Jorge Glas, actualmente encarcelado en La Roca, Guayaquil.
El bloque del Partido Social Cristiano, que cuenta con 22 votos, decidió abstenerse durante la votación de la moción que la asambleísta Paola Cabezas (RC) presentaría para solicitar el juicio político por incumplimiento de funciones. Esta resolución fue confirmada en una reunión del buró el 14 de octubre, según indicó un dirigente del partido.
El juicio político a Palencia fue impulsado en abril de 2024 por el legislador Leonardo Berrezueta (RC), enfocándose inicialmente en la incursión de las fuerzas del orden en la embajada mexicana el 5 de abril y la posterior detención de Glas, quien se encontraba en calidad de asilado, esperando su salvoconducto.
En julio, la legisladora Cabezas presentó una segunda solicitud de juicio, esta vez por la inacción del Gobierno ante la creciente inseguridad en el país, cuestionando la efectividad del plan Fénix para combatir la violencia criminal.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, convocó una sesión para el 17 de octubre a las 09:00, con el fin de discutir el informe sobre el procedimiento del juicio político contra Palencia.
Jorge Peñafiel, representante de la bancada Construye, criticó la inclusión de la irrupción en la Embajada de México como argumento en el juicio político, considerándolo una “jugarreta”. Aseguró que, hasta el momento, no han recibido informes definitivos sobre el proceso, y que dentro de su bloque hay diversas opiniones. “Por ahora, no hemos tomado una decisión”, adelantó.
Sin embargo, Peñafiel subrayó que si el juicio se enfoca en el caso de la Embajada de México, su bancada no tendría objeciones hacia la ministra. En contraste, sí hay responsabilidades claras en relación a la inseguridad, que deben ser abordadas.
El legislador insistió en que la decisión de incluir el caso de México podría resultar en complicaciones legales posteriores. “Para nosotros, esa es una línea roja”, enfatizó, afirmando que la incursión en la embajada fue una acción legítima del Gobierno, argumentando que el asilo estaba siendo mal utilizado por México para proteger a un prófugo.
El asambleísta Rafael Dávila, parte de un grupo de alrededor de quince legisladores, mencionó que hay diversas posturas en torno al tema. Este miércoles se realizará una reunión final para abordar si el caso de México se separará del cuestionamiento a la ministra Palencia.
“Si la acusación incluye la irrupción en la embajada, definitivamente no apoyaremos el juicio”, aseguró Dávila, reiterando que no permitirán que el enjuiciamiento se utilice en detrimento de los intereses nacionales o que se emplee en cortes internacionales contra Ecuador. “Es una línea roja”, reafirmó.
Si el caso de México se excluye, se podrían considerar otros aspectos relacionados con la seguridad, lo que abriría un análisis diferente sobre el juicio político.
