El presidente de Colombia, Gustavo Petro, vivió un incidente diplomático durante su viaje hacia Arabia Saudí, cuando su avión presidencial no pudo reabastecer combustible en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La negativa de las compañías que operan en la terminal aérea se debió a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que incluyó al mandatario colombiano en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida popularmente como la “Lista Clinton”.
Según informó el diario colombiano El Tiempo, varias de las empresas que prestan servicios de suministro de combustible en el aeropuerto madrileño tienen participación de capital estadounidense. Estas firmas decidieron abstenerse de atender al avión presidencial colombiano ante el temor de infringir las regulaciones internacionales de la OFAC, que prohíben cualquier tipo de relación comercial con las personas o entidades sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos.
Fuentes cercanas a la Casa de Nariño confirmaron a medios nacionales la veracidad del hecho, lo que ha generado un nuevo episodio de controversia alrededor del presidente Petro. Ante esta situación, el avión fue finalmente trasladado a una base militar española, donde logró reabastecer combustible para continuar su ruta hacia Arabia Saudí.
Antes de conocerse el incidente, Petro agradeció públicamente “la ayuda del Reino de España” para facilitar su llegada al destino, aunque evitó ofrecer detalles sobre las dificultades logísticas enfrentadas. La Presidencia colombiana y otras autoridades consultadas por la agencia EFE no respondieron a las solicitudes de información sobre el tema.
El conflicto se enmarca en un clima de creciente tensión entre Bogotá y Washington. El pasado viernes, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la inclusión de Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de sancionados por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Dicha medida implica el congelamiento de bienes y activos que puedan tener en territorio estadounidense, además de la prohibición de realizar cualquier transacción financiera con instituciones de ese país.
No obstante, Petro declaró que no posee cuentas ni propiedades en Estados Unidos, por lo que —según él— las sanciones impuestas “no tienen ningún efecto material”. El mandatario atribuyó la decisión a motivaciones políticas derivadas de su postura crítica frente a la política exterior norteamericana.
Las relaciones bilaterales se han deteriorado progresivamente en los últimos meses. En septiembre, Estados Unidos excluyó a Colombia de la lista de naciones colaboradoras en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de que el país continúa siendo el principal productor mundial de cocaína. Ese mismo mes, Washington revocó la visa de ingreso al presidente Petro, después de su participación en un acto de respaldo a Palestina en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Este nuevo episodio agrava las tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos y plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación bilateral, especialmente en temas de seguridad, comercio y lucha antidrogas, históricamente pilares de la relación entre Colombia y Estados Unidos.
