El exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga, procesado en el caso Liga2, compareció virtualmente en una audiencia convocada por la jueza Daniella Camacho para analizar el incumplimiento de la medida cautelar de presentación periódica que pesaba sobre él. Durante su intervención, Verduga afirmó que su presencia no fue para «pedir compasión», sino para «exigir lo que corresponde en derecho».
Verduga destacó que no solo compareció como procesado, sino también como ecuatoriano, padre, hijo y esposo, subrayando que su vida está en peligro, una situación que, según él, ha sido reconocida por instituciones del Estado ecuatoriano. En este sentido, enfatizó que su comparecencia fue para exigir justicia y no para solicitar clemencia.
El exconsejero también señaló que el Estado de México les otorgó a él, su esposa e hijos el estatus de asilados, lo que, según él, evidencia la gravedad de la situación que enfrenta. A pesar de este reconocimiento internacional, Verduga afirmó que su presencia en la audiencia fue un acto de defensa de sus derechos y no una solicitud de indulgencia.
En su intervención, Verduga expresó que la persecución que enfrenta no es solo política, sino un ataque a su esencia, a sus ideas y a su lucha. Criticó lo que considera una campaña de estigmatización diseñada para silenciar a aquellos que cuestionan el orden establecido. Además, destacó que su único «delito» ha sido desafiar al poder de la banca privada, un sector que considera uno de los más poderosos y destructivos del país.
El caso Liga2 ha generado controversia debido a las acusaciones de asociación ilícita y otros delitos contra varios exconsejeros del CPCCS, incluyendo a Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz. La Fiscalía General del Estado ha presentado evidencias que, según su criterio, demuestran la existencia de una estructura delictiva dentro del CPCCS con el objetivo de cooptar instituciones del Estado.
Por su parte, Verduga ha calificado como «absolutamente irregular» el allanamiento a su oficina, alegando que no se cumplió con los procedimientos legales establecidos. Según él, la fiscal que lideró el operativo ingresó a su oficina y le confiscó su celular sin presentar la debida autorización. Además, cuestionó la legitimidad de la orden de allanamiento, señalando que fue entregada después de insistir reiteradamente y que el documento estaba firmado electrónicamente por la jueza Daniella Camacho, pero con un encabezado mecanografiado, lo que, según él, genera dudas sobre su autenticidad.
En este contexto, Verduga ha anunciado que se reserva el derecho de emprender acciones administrativas y judiciales contra la fiscal y la jueza involucradas en el operativo. Este enfrentamiento pone de manifiesto las tensiones entre el exconsejero y las autoridades judiciales, en un caso que sigue generando atención y debate en la opinión pública.
La audiencia convocada por la jueza Camacho también abordó la situación de Eduardo Franco Loor, otro de los procesados en el caso Liga2. Su defensa solicitó que las presentaciones periódicas se realicen en Guayaquil, debido a problemas de salud, y no en Quito, como estaba previsto. La jueza aceptó la solicitud y dispuso que las próximas presentaciones se realicen en la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
El caso Liga2 continúa siendo un tema de interés y preocupación en Ecuador, ya que involucra a exfuncionarios del CPCCS y plantea interrogantes sobre la independencia y transparencia de las instituciones del Estado. La resolución de este caso podría sentar precedentes importantes en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del sistema judicial en el país.
