El gobierno de Daniel Noboa ha declarado como “inejecutable” la orden de la Corte Constitucional (CC) que exigía la creación de una comisión técnica formada por doce instituciones del Estado. Esta decisión se toma en el contexto de un fallo relacionado con el Decreto Ejecutivo 493, que establece un estado de excepción en varias provincias y cantones del país. La corte había dispuesto que este órgano fuera responsable de diseñar políticas públicas para abordar el crimen organizado y evitar la desnaturalización de los estados de excepción.
La controversia surge a raíz de una resolución emitida por la Corte Constitucional el 21 de febrero de 2025. En su fallo, la corte ratificó la constitucionalidad de la declaración de grave conmoción interna que justificó la medida de estado de excepción en siete provincias y dos cantones, así como en las cárceles de esas áreas. Sin embargo, la Corte consideró inconstitucional la inclusión de la figura de conflicto armado interno que fue introducida en el decreto presidencial del 2 de enero de 2025.
El decreto había sido emitido por el presidente Noboa para enfrentar el creciente problema de la violencia y el crimen organizado, especialmente en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, y en el Distrito Metropolitano de Quito y el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay). La medida contemplaba la implementación de un estado de excepción por 60 días, con el fin de controlar los niveles de violencia e inseguridad en estas zonas.
En respuesta al fallo de la Corte, la Secretaría Jurídica de la Presidencia solicitó una aclaración y ampliación del dictamen, cuestionando la obligatoriedad de la creación de la comisión técnica. La solicitud plantea dudas sobre la viabilidad de cumplir con las exigencias impuestas por la Corte, considerando que la ejecución de dicha comisión involucraría una coordinación compleja entre varias entidades del gobierno.
El fallo de la Corte fue aprobado con seis votos a favor, pero con el voto en contra de tres jueces: Enrique Herrería, Carmen Corral y Teresa Nuques. Este desacuerdo subraya la división interna dentro de la Corte sobre la interpretación de la constitucionalidad del estado de excepción y las medidas asociadas al mismo.
El gobierno de Noboa ha mantenido que la creación de la comisión y las políticas propuestas por la Corte son de difícil ejecución en el marco de la actual situación de crisis. Al mismo tiempo, la administración de Noboa ha insistido en la necesidad de tomar medidas más contundentes y directas para combatir el crimen organizado sin la desnaturalización de los estados de excepción, algo que consideran esencial para mantener la seguridad en las regiones más afectadas.
