La esperada audiencia de juzgamiento del caso Nene fue declarada fallida este lunes 26 de mayo de 2025, luego de que dos abogados defensores del procesado Francisco Sebastián B. A. no se presentaran ante el tribunal. La diligencia, que debía llevarse a cabo en el Complejo Judicial Norte de Quito, quedó suspendida y una nueva fecha será fijada próximamente.
El Tribunal de la Unidad Anticorrupción, conformado por los jueces Clara Soria (ponente), Andrés Muñoz y Jorge Sánchez, había convocado la reinstalación de la audiencia para pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia del hijo de la exvicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas. Sebastián B. A. está siendo procesado por el presunto delito de tráfico de influencias, vinculado a su gestión durante el paso de su madre por la Vicepresidencia.
Sin embargo, la ausencia de los abogados Santiago Hernández y Roberto Loor, defensa técnica del procesado, impidió que el procedimiento se desarrollara conforme a lo previsto. Los jueces, al constatar la inasistencia injustificada, impusieron una multa económica a los juristas y ordenaron que se designe un defensor público para garantizar el derecho a la defensa.
“Este tipo de dilaciones afectan no solo la eficiencia del sistema judicial, sino también el derecho de las víctimas a obtener justicia en un plazo razonable”, señaló la jueza ponente Clara Soria, al explicar la decisión del tribunal.
El caso Nene ha generado gran atención mediática y política, ya que implica directamente a un familiar cercano de una alta exautoridad del Estado. Según las investigaciones de la Fiscalía, Sebastián B. A. habría influido en contrataciones irregulares dentro del entorno institucional de la Vicepresidencia, aprovechando su parentesco con Abad Rojas.
La defensa del procesado no ha emitido comentarios oficiales tras el aplazamiento. Por su parte, la Fiscalía continúa con la acusación formal, sustentada en interceptaciones telefónicas, correos electrónicos y testimonios de exfuncionarios.
La fecha para la reanudación de la audiencia será anunciada en los próximos días, una vez que se confirme la designación del defensor público o se regularice la asistencia de los abogados sancionados.
Este nuevo revés procesal se suma a una serie de retrasos que han complicado el desarrollo del juicio, aumentando la presión sobre el sistema judicial para garantizar celeridad y transparencia en el tratamiento de casos de corrupción de alto perfil.
