La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) expresó su preocupación por lo que considera un «escenario de inseguridad jurídica» generado por la reciente ratificación de Raúl González como superintendente de Bancos, decisión tomada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el pasado 22 de enero.
Ratificación de González por parte del CPCCS
La ratificación de González fue aprobada por el CPCCS con los votos de Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz, quienes forman parte de la denominada «Liga Azul», un grupo asociado al correísmo. Esta decisión marca el retorno de González a la Superintendencia de Bancos, cargo que había sido ocupado brevemente en 2022 tras su nombramiento por el CPCCS bajo la dirección de Hernán Ulloa.
El presidente Guillermo Lasso, en medio de una disputa política con la oposición en la Asamblea Nacional, envió una nueva terna para la designación del superintendente, eligiendo a Roberto Romero von Buchwald. Sin embargo, González impugnó la decisión a través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC), luego de que la justicia ordinaria no reconociera su designación.
La Corte Constitucional se pronuncia y genera controversia
La Corte Constitucional aceptó parcialmente la acción de González, pero aclaró que su fallo «no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica consolidada» sobre el nuevo proceso de selección. Esta sentencia generó controversia, ya que algunos consideran que la interpretación del CPCCS de esta resolución podría sembrar incertidumbre sobre la legalidad del proceso de selección.
Verduga, miembro del CPCCS, propuso ratificar a González como superintendente, argumentando que «no existen situaciones consolidadas», ya que el derecho de González está «en firme», incluso por haber sido posesionado en la Asamblea Nacional en agosto de 2022. Sin embargo, Asobanca subraya que la Corte Constitucional se expresó de manera diferente, aclarando que su sentencia no afectaba la selección de la nueva autoridad de la Superintendencia de Bancos.
Preocupación de Asobanca y llamados a la seguridad jurídica
Asobanca instó a retomar la seguridad jurídica, señalando que las decisiones del CPCCS no deben generar incertidumbre en un proceso tan delicado para el sistema financiero del país. La asociación recordó que la Corte Constitucional dejó claro que las decisiones previas de selección de la autoridad bancaria deben prevalecer y que cualquier intento de revertir ese proceso podría poner en riesgo el desarrollo del sector.
Reacciones políticas y judiciales ante la decisión
El activista político Santiago Becdach, miembro del movimiento político Construye, solicitó a la Corte Constitucional activar la fase de seguimiento del cumplimiento de la sentencia. Becdach pidió que se sancionara a los consejeros del CPCCS, incluso con la destitución de sus cargos, por lo que considera una «mala interpretación» y «decisión arbitraria» que afecta los procesos jurídicos ya consolidados.
El Ministerio de Gobierno también se expresó en contra de la ratificación, calificando de «ilegal» la acción del CPCCS y advirtiendo que la sentencia de la Corte Constitucional aún no está firme, ya que sigue pendiente la resolución de un recurso judicial solicitado por los interesados en favorecer a González.
